Jonathan Baró Gutiérrez
Procurador general de Corte de Apelación
Cada vez que se anuncia un concurso para ocupar una titularidad en el Ministerio Público, surge la misma conversación. Se habla de ascenso, reconocimiento y oportunidad de dirigir. Quien ha pasado años entre turnos, audiencias, traslados y casos difíciles puede sentir que llegó el momento de asumir una responsabilidad mayor. Del precio del cargo casi nadie habla con igual franqueza. Antes de reunir certificados en la Escuela Nacional del Ministerio Público y otras instituciones académicas, conviene responder una pregunta personal: ¿de verdad vale la pena?
No planteo la pregunta desde la distancia. He ocupado titularidades en distintas etapas de mi carrera y sé cuánto cambia la imagen del puesto al sentarse en esa silla. El despacho se hace más amplio y la carga crece con él. Las relaciones cambian. El compañero que ayer hablaba con confianza quizá hoy mida sus palabras porque una conversación sencilla puede interpretarse como una instrucción. Uno deja de responder solo por sus casos y comienza a cargar con errores ajenos, actuaciones tardías y asuntos que nunca le fueron comunicados.
A algunos puede llamarles la atención pertenecer de manera fija a la fuerza de tarea, participar en investigaciones de gran impacto y estar con frecuencia en la palestra pública. La exposición atrae y puede producir una sensación de reconocimiento o cercanía con el poder. Pero esa exposición viene acompañada de una responsabilidad mayúscula. Detrás de cada aparición pública hay víctimas que esperan respuestas, personas investigadas, familias angustiadas y casos donde una decisión apresurada puede cambiar para siempre la vida de alguien. Esa parte nunca sale en las fotografías.
La Ley núm. 133-11 y el régimen de carrera del Ministerio Público dejan claro que no estamos ante un título honorífico. Las titularidades se ejercen durante cuatro años y pueden ser reconfirmadas para un segundo y único período consecutivo, previa evaluación de desempeño. Esto comprende las procuradurías regionales y especializadas, las fiscalías y las oficinas del abogado del Estado. Ese marco normativo apenas permite asomarse a la dimensión real del trabajo. Dirigir investigaciones, cuidar la cadena de custodia, proteger a víctimas y testigos, coordinar equipos y administrar recursos limitados son obligaciones cotidianas. El titular termina resolviendo fallas en el aire acondicionado, falta de vehículos, turnos difíciles y conflictos que crecen en silencio.
El cargo se paga fuera de la oficina con un teléfono encendido día y noche. Fugas, arrestos delicados, denuncias contra fiscales o casos que estallan en redes sociales no esperan al lunes. La familia se acostumbra a los planes suspendidos y a esa frase tan repetida: «Tengo que resolver algo». El cansancio acaba convirtiéndose en irritabilidad. El sueño se hace ligero y la mente continúa revisando problemas después de llegar a la casa.
Dirigir tiene una cuota de soledad. Quien era compañero pasa a distribuir trabajo, corregir errores, evaluar y negar vacaciones. Exigir puede valerle el calificativo de autoritario; escuchar o conceder puede verse como falta de carácter.
Hay días en que se sale del despacho con la impresión de haber disgustado a todo el mundo. Conocer bien el derecho no basta. La titularidad exige paciencia, capacidad para delegar e idoneidad ética. Un examen técnico mide conocimientos, pero no revela qué hará alguien cuando tenga poder para asignar casos, informar faltas o incidir en la carrera de otros.
Sería injusto hablar solo de sacrificios. Una titularidad permite organizar mejor un despacho, acompañar a fiscales jóvenes, enfrentar presiones indebidas y desterrar prácticas que nadie se atrevió a revisar. Recuerdo la satisfacción de varios colegas al expresar: «He entregado una dependencia más humana que cuando la recibí». Esa posibilidad desaparece si todo se reduce al salario, los incentivos, la visibilidad o la oportunidad de saldar viejas diferencias. La titularidad no es un premio por antigüedad. Es un encargo temporal que exige servir, rendir cuentas y asumir decisiones que no siempre producirán aplausos.
La palabra «temporal» merece tomarse en serio desde el primer día. Concluir una gestión o no ser reconfirmado no borra la trayectoria de nadie. El problema comienza cuando el cargo se confunde con la identidad personal y dejarlo se vive como una derrota. Hay mérito en entregar con serenidad y facilitar la transición.
