SANTO DOMINGO. – El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, justificó la solicitud de una prórroga de cuatro meses formulada por el Ministerio Público para concluir las investigaciones y presentar la acusación formal en contra de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y demás implicados en la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Cobra, que defraudó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a cargo del juez Deiby Timoteo Peguero, aplazó el conocimiento de la solicitud para el próximo 4 de septiembre de 2026, a las 9:00 a.m., debido al fallecimiento del familiar de uno de los abogados defensores.
Dimensiones del desfalco y futuras imputaciones
A la salida del tribunal en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Camacho sostuvo que la extensión del plazo procesal resulta indispensable dada la complejidad, la gravedad de los hechos y las miles de transacciones financieras bajo análisis.
«En un interrogatorio de este caso, uno de los imputados dijo al Ministerio Público que en SeNaSa la corrupción era la norma (…) Estamos avanzando en las tres estructuras que afectaron a SeNaSa. En las tres dimensiones habrá otras imputaciones y habrá otras personas involucradas cuando la investigación cumpla su ciclo», aseveró el procurador adjunto.
Durante la jornada, el tribunal conoció además una revisión solicitada por la defensa de la imputada Ada Ledesma Ubiera (quien cumple arresto domiciliario por razones de salud desde julio), manteniendo dicha medida cautelar y disponiendo únicamente una reducción en el monto de su garantía económica sin la oposición del órgano acusador.
Antecedentes de las medidas de coerción de la Operación Cobra
El esquema sistemático de corrupción, mediante el cual se le atribuyen cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos, mantiene bajo coerción a un nutrido grupo de acusados:
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Prisión preventiva (18 meses): Cumplen la medida en distintos centros penitenciarios el exdirector de la ARS estatal, Santiago Hazim Albainy, así como Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
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Arresto domiciliario e impedimento de salida: Se encuentran bajo esta modalidad Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
Las indagatorias del Ministerio Público han revelado sobornos a gran escala, alteración de estados financieros y la creación de programas especiales carentes de sustento jurídico para distraer fondos públicos en perjuicio de los afiliados a la entidad de salud estatal.
