Protesta de jueces logra apoyo, pero son mínimas posibilidades de aumento

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SANTO DOMINGO. A pesar de que los reclamos para el cumplimiento de la asignación del 2.66 % del Presupuesto Nacional realizado ayer por jueces y empleados del Poder Judicial encontró respaldo de actores del sistema, las posibilidades de que se concreticen son muy mínimas.

Sobre el tema se pronunció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien consideró la demanda justa, pero reconoció que hay dificultades para lograr la asignación total.

Sostuvo que en ocasiones anteriores el Poder Ejecutivo ha expresado la imposibilidad de cumplir con la totalidad de los recursos, porque se expondría también a abandonar otros compromisos del Estado.

“Siempre será justa (la demanda), lo único que he hablado de la dificultad para el Poder Ejecutivo de poderle dar cumplimiento con lo que se estaría quizás otras áreas que también necesitan recursos”, afirmó.

El funcionario dijo que en su momento habrá la oportunidad de que el tema sea analizado de conformidad con los datos económicos necesarios a los fines de llegar a un cumplimiento definitivo de la ley.

Sin embargo, otros actores del sistema de justicia manifestaron su apoyo, como es el caso del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán; el ex juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Julio Aníbal Suárez y la abogada y catedrática Rosalía Sosa Pérez.

Castaños Guzmán calificó de oportuna la manifestación de los jueces y empleados del Poder Judicial, ya que están laborando en condiciones deplorable.

“Hay más de cien tribunales que no han podido aperturar por falta de recursos, están haciendo falta cientos de jueces, entonces hay un problema que está afectando la calidad de la justicia en la República Dominicana”, manifestó.

El ex juez Suárez cuestionó que años tras los poderes Ejecutivo y Legislativo violan la ley que ordenar la partida presupuestaria destinada al Poder Judicial.

A su juicio, no se puede actuar con la independencia que se requiere cuando hay una ley que debe ser cumplida. Para Sosa Pérez es imposible que un juez pueda administrar justicia en un furgón y que no cuente con el equipamiento necesario para realizar su trabajo.

“Es una demanda de los servidores judiciales, es un llamado a la ciudadanía para que ponga atención y los apoye en sus demandas que son idóneas y pertinentes”, aseguró.