La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la decisión dictada por la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La resolución condena al Ministerio Público al pago de RD$ 7,560,000.00 por concepto de astreinte a favor del imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, a raíz de un teléfono móvil marca Samsung S3 ocupado durante las investigaciones del caso Intrant.
Los fiscales actuantes, Jonathan Pérez y Miguel Collado, sostienen que la decisión está viciada de gravedad procesal, pues la magistrada emitió el fallo a pesar de encontrarse desapoderada de la causa desde el 24 de octubre de 2025, fecha en la que el expediente fue transferido al Sexto Juzgado de la Instrucción para el conocimiento de la fase preliminar.
Vicios procesales y desnaturalización de la astreinte
El órgano acusador formalizará la apelación dentro del plazo legal de 20 días tras ser notificado el pasado jueves, sustentando la impugnación en los siguientes puntos:
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Falta de competencia: El tribunal de la instrucción carece de competencia en materia administrativa para ordenar indemnizaciones de esta índole.
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Incoherencia del monto: Se advierte una desnaturalización de la figura de la astreinte para convertirla en una sanción económica desproporcionada en favor de un procesado, considerando que el aparato electrónico reclamado posee un valor de mercado aproximado de RD$ 3,000.
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Bienes devueltos: La Pepca precisó que los demás bienes reclamados por la defensa del procesado ya le fueron entregados oportunamente.
Contexto de la acusación en el caso Intrant
El expediente principal, en el cual Álvarez Carbuccia figura como encartado junto a Hugo Beras (exdirector del Intrant) y José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), fue enviado a juicio de fondo el pasado 5 de junio y tiene fecha de audiencia fijada para el 11 de agosto ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Al grupo se le imputan delitos de desfalco, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, delitos de alta tecnología y falsificación de documentos. En el esquema:
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Juan Francisco Álvarez Carbuccia: Acusado de emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria desde el Intrant.
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Hugo Beras: Señalado por adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y por facilitar la manipulación de la red semafórica y de videovigilancia.
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Jochi Gómez: Imputado como beneficiario directo de contratos irregulares a través de Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además del control e interferencia técnica en los sistemas críticos de tráfico y seguridad.
