El Poder Judicial ha retomado la implementación de los tribunales móviles como una estrategia clave para combatir la alta tasa de reclusos bajo prisión preventiva y el cúmulo de expedientes pendientes en el sistema penitenciario de la República Dominicana.
Según informaciones publicadas por el Listín Diario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Justiniano Montero, comunicó que este esquema integra un paquete de reformas orientadas a modernizar la administración de justicia y aliviar el hacinamiento en las cárceles más congestionadas.
La iniciativa plantea instalar furgones debidamente equipados dentro de los propios recintos penitenciarios para celebrar audiencias con la presencia de jueces, fiscales, defensores públicos y abogados privados. Con esto se busca eliminar los obstáculos logísticos, de seguridad, transporte y falta de personal que suelen provocar aplazamientos cada vez que se intenta trasladar a los internos hacia los palacios de justicia, evitando así que su permanencia en prisión preventiva se extienda de forma innecesaria. Montero precisó que el relanzamiento operará mediante una labor conjunta entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
Funcionamiento y criterios de selección
Este mecanismo tuvo su origen en 2018 mediante la resolución 5-2018 del Consejo del Poder Judicial, diseñada para que los jueces de la Instrucción pudieran conocer ciertos casos directamente en los centros de reclusión.
El protocolo no abarca la totalidad de los expedientes, sino que aplica criterios específicos:
-
Se enfoca en audiencias preliminares de imputados que ya cuenten con una acusación formal del Ministerio Público.
-
Los procesados deben estar recluidos en el mismo penal donde opere el tribunal móvil.
-
La víctima en el proceso debe ser exclusivamente el Estado dominicano, quedando excluidos los casos que requieran la comparecencia de víctimas particulares.
Las jornadas laborales se desarrollarán entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde —con opción a extenderse según la demanda—, contando con el apoyo de los alcaides y el personal de seguridad de cada penal para movilizar a los reclusos desde sus celdas hasta los furgones.
Recintos priorizados y reforma judicial
El despliegue de estas unidades abarca penales con alta densidad poblacional y retos operativos, incluyendo La Victoria, Najayo y la cárcel pública del 15 de Azua, además de establecimientos en los departamentos judiciales de Independencia, San Francisco de Macorís, Santiago, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.
El relanzamiento de los tribunales móviles acompaña otras medidas impulsadas por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, tales como un pacto interinstitucional contra la corrupción y la reforma al sistema disciplinario judicial. El reto principal radicará en sostener la coordinación interinstitucional y garantizar el respeto al debido proceso para que la medida se traduzca en una reducción real de la mora judicial.
El antecedente de 2018
La viabilidad del proyecto se sustenta en los resultados obtenidos durante su plan piloto en 2018 en los penales de La Victoria y Najayo. Para finales de junio de ese año, el juez asignado a La Victoria procesaba entre 50 y 60 audiencias preliminares por semana; a principios de julio ya se contabilizaban 396 audiencias en ambos centros, cifra que escaló a 1,264 audiencias preliminares conocidas para el 3 de septiembre. Al cierre de aquel año, el programa logró concluir un total de 867 procesos judiciales y 125 solicitudes administrativas en la etapa de instrucción, sentando las bases para la reactivación actual.
