SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas en el marco de la Operación XL526, desarrollada para desarticular una presunta organización criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones y chantajes contra ciudadanos residentes en Estados Unidos.
La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, que además requirieron que el expediente sea declarado de tramitación compleja debido a la cantidad de imputados, víctimas y a la naturaleza de los delitos investigados.
Entre los señalados como principales responsables de la estructura figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. También están incluidos Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
La petición fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por el procurador adjunto Wilson Camacho y un equipo de fiscales que participan en la investigación.
Según el órgano acusador, la complejidad del caso requiere más tiempo para profundizar las pesquisas relacionadas con presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos y operaciones financieras ilícitas.
Operación contra una estructura internacional
La Operación XL526 fue ejecutada mediante 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata, con la participación de 35 fiscales y el apoyo de organismos de investigación nacionales e internacionales.
De acuerdo con las autoridades, la red operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y presuntamente mantenía una estructura organizada dedicada a obtener dinero de forma ilícita mediante estafas y extorsiones dirigidas a víctimas en territorio estadounidense.
Hasta el momento, las investigaciones han permitido identificar al menos 18 personas afectadas por las actividades atribuidas a la organización.
Modus operandi
El Ministerio Público sostiene que los integrantes de la red utilizaban anuncios publicitarios para captar posibles víctimas y posteriormente las sometían a presiones económicas mediante amenazas y chantajes.
Según la investigación, los imputados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales para intimidar a las personas contactadas, exigiéndoles dinero bajo amenazas. Para reforzar el temor, presuntamente enviaban imágenes violentas y mensajes intimidatorios.
Las autoridades indican que los fondos obtenidos eran movilizados a través de distintos mecanismos financieros, incluyendo criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago digitales.
Delitos investigados
Los imputados son vinculados a presuntas infracciones relacionadas con asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delitos de alta tecnología, distribución de sustancias controladas y posesión ilegal de armas de fuego.
El tribunal deberá fijar la fecha para conocer la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones sobre la supuesta red criminal.
