La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público desarticuló una a una las alegaciones planteadas por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, solicitando al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la solicitud de extinción de la acción penal promovida por los imputados.
A la salida de la audiencia celebrada el miércoles, Ortiz sostuvo ante la prensa que el órgano acusador presentó una cronología documentada mediante actas de audiencia que evidencian la estrategia deliberada de la defensa para retrasar el proceso y pretender beneficiarse posteriormente del vencimiento de los plazos.
«Una de las tantas cosas que ocurrieron en esa audiencia preliminar fue que la defensa del propio imputado, que hoy pretende ser favorecido, solicitó más de cien días de plazo hábil para producir su escrito de defensa. Entonces, una defensa que se comporta de esa manera, no puede alegar hoy y pretender que se le reconozca plazo razonable», aseveró la procuradora de corte.
Marco jurisprudencial y criterio de plazo razonable
Durante el debate en estrados, en el que acompañaron a Ortiz los fiscales Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García, la representación pública sustentó con precedentes del Tribunal Constitucional (TC), la Suprema Corte de Justicia y la Corte de Apelación que las causas complejas no se evalúan bajo plazos taxativos, sino conforme a los criterios de razonabilidad contemplados en los artículos 146 al 150 del Código Procesal Penal.
En su réplica, Ortiz citó la sentencia TC1106-2024, del 30 de diciembre de 2024, señalando que las altas cortes facultan a los juzgadores a ponderar y justificar las dilaciones atendiendo a la magnitud del expediente, las particularidades del caso y la capacidad de respuesta del sistema. Por su parte, el fiscal Enmanuel Ramírez expuso el desglose cronológico de las actuaciones procesales que acreditan el uso continuado de recursos dilatorios por parte de los acusados.
Tras agotar la agenda de la jornada, las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el próximo 3 de agosto de 2026, a las 10:00 de la mañana.
El alcance de la acusación
El expediente acusatorio le atribuye a Jean Alain Rodríguez haber liderado un esquema fraudulento que malversó más de RD$6,000 millones del erario público entre 2016 y 2020, periodo en el que ocupó la titularidad de la Procuraduría General de la República.
En la causa penal también figuran como coimputados:
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Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
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Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
El conjunto de imputados enfrenta cargos por delitos de alta corrupción administrativa, entre los que figuran estafa contra el Estado, desfalco, soborno y lavado de activos.
