El Ministerio Público presentó ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el recurso de apelación contra la Sentencia Penal 941-2024-SSEN-00082, la cual declaró la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso en favor de los imputados en la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.
Tras escuchar las pretensiones de las partes, el tribunal —presidido por la jueza Ysis Muñiz e integrado por Teófilo Andújar y Milagros Ramírez Cabrera— acogió el expediente en estado de reserva y fijó la lectura del fallo para el próximo jueves 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.
Imputados y razones sociales recurridas
La acción judicial busca revocar la decisión emitida en 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que descargó a exfuncionarios y personas jurídicas involucradas en la enajenación de bienes públicos:
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Exfuncionarios y particulares: Leoncio Almánzar Objío (exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE), Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.
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Entidades corporativas: Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L.; Inversiones Fernández Parache (INFEPA); Tekknowlogic Dominicana, S.R.L. y la propia Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
La representación del Ministerio Público estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho (titular de la Dirección General de Persecución), la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales José Miguel Marmolejos y Wagner Cubilete.
Fundamentos del recurso y magnitud del presunto fraude
El órgano persecutor sostiene que el tribunal de primera instancia incurrió en una errónea aplicación de la ley que contradice la acusación formulada y la masa probatoria recolectada, por lo que solicita la revocación del fallo y la continuación inmediata del juicio de fondo.
De acuerdo con el expediente acusatorio, la trama consistió en la enajenación no autorizada de 4 millones de metros cuadrados de terrenos del Estado dominicano, obligando a los residentes del sector a comprar los predios en los que habitaban desde hacía décadas. Las autoridades estiman que la maniobra representaba un desfalco con expectativas de beneficio ilícito de unos RD$ 5,000 millones.
La imputación contempla la violación a los artículos 59, 60, 166, 171, 175, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano (relativos a complicidad, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco y estafa), así como vulneraciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
