Juez dominicano es investido de doctor en la Universidad salamanca

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*Salamanca, España, 28 de junio de 2024* – En un evento solemne y significativo, el reconocido docente, abogado y juez, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, ha sido investido como doctor mención internacional en el Programa de Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social. Este prestigioso programa es fruto de la colaboración entre la Universidad de Salamanca (USAL) en España y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la República Dominicana.

Esta alta acreditación académica y de investigación es adquirida tras la sustentación de la tesis doctoral en la que se aborda «La Responsabilidad Patrimonial de la Administración de Justicia en la República Dominicana», dirigida por el reconocido doctor D. Marcos Matías Fernando Pablo, experto en derecho administrativo.

Su investigación se estructura en siete capítulos, en los que desarrolla el origen y las diversas teorías de la responsabilidad patrimonial. Se exploran los principios que la sustentan y los elementos que componen esta categoría administrativa. Profundiza en las disposiciones desarrolladas en el ordenamiento jurídico español y colombiano, este último país en el que el investigador realizó una estancia académica para completar su investigación.

El doctorando analiza situaciones de amplio impacto en nuestra sociedad actual, como los daños ocasionados a las libertades fundamentales ante el funcionamiento irregular de la Administración de Justicia, incluyendo la responsabilidad del Estado por prisiones indebidas e injustas, especialmente en casos de prisión preventiva.

La investidura del Dr. Reymundo Antonio Mejía Zorrilla marca un hito en su amplia carrera académica, subrayando su compromiso con la justicia y su contribución al fortalecimiento del sistema judicial dominicano. Su trabajo no solo enriquece el acervo académico, sino que también tiene un impacto significativo en la práctica judicial, destacando la importancia de la responsabilidad estatal en la administración de justicia como un elemento de resarcimiento ante la afectación a las personas y un mecanismo de mejora del quehacer judicial.