Perfiles criminologicos de las adolescentes en conflicto con la Ley Penal en el Municipio de Villa Altagracia

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LAURA CECILIA SEGURA CORDERO. M.Sc

Master en Ciencias Penales para la Función del Fiscalizador y Análisis e Investigación Criminal, Especialista en Gestión Administrativa del Ministerio Público.

El presente artículo analiza las particularidades criminológicas de las adolescentes en conflicto con la ley penal en el Distrito Judicial de Villa Altagracia, República Dominicana. A pesar de que la tasa de criminalidad femenina presenta niveles estadísticamente inferiores a la masculina, el inusitado auge de la delincuencia juvenil exige un abordaje diferenciado. Desde un enfoque cuali-cuantitativo y con perspectiva de género, se examinan los factores individuales, sociofamiliares y tipológicos que configuran la carrera delictiva de este grupo poblacional. El análisis se contextualiza bajo la normativa penal especial contenida en la Ley No. 136-03 (Código para el Sistema de Protección y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes), en un entorno sociocultural condicionado por estructuras de corte machista. Se concluye que la invisibilizarían doctrinal histórica de la delincuencia femenina limita la eficacia de las políticas de prevención y reeducación vigentes.

La construcción del objeto de estudio exige delimitar conceptualmente la delincuencia juvenil frente a otros fenómenos de desadaptación social. Doctrinariamente, Herrero (2002) la define como un fenómeno social constituido por el conjunto de infracciones contra las normas fundamentales de convivencia, acotadas a coordenadas de tiempo y espacio determinadas. Por su parte, López Rey (1978) añade una dimensión política al concebirla como un conflicto socio-político de impacto comunitario, cuya prevención y control no dependen exclusivamente del sistema punitivo, sino de la intervención articulada de la sociedad civil.

Según Morant Vidal (2003, p.4) la mayoría de los estudios descriptivos de la carrera delictiva señalan una serie de factores individuales y biográficos que caracterizan al delincuente juvenil y conducen a la conclusión de que el delincuente juvenil es una persona con un conjunto de deficiencias, entre las que destacan la impulsividad, el fracaso escolar, la baja autoestima, el afán de protagonismo, la agresividad, la falta de afectividad, la desestructuración familiar, la inadaptación personal, el desequilibrio emocional, la frustración, la carencia de habilidades sociales, entre otros aspectos.

En el orden legal dominicano, la delimitación etariaresponde al criterio de Morant (2003), quien acota el término a las infracciones cometidas por personas mayores de 14 años y menores de 18 años. Es fundamental diferenciar la delincuencia de nociones afines como la desviación, la marginación y la anomia. Si bien comparten la raíz del «conflicto social» —entendido como la pugna por estatus, recursos o poder (Herrero, 2002)—, la delincuencia juvenil requiere una estricta adecuación típica.

Siguiendo las recomendaciones del II Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (1960), el término debe reservarse estrictamente para aquellas conductas que, de ser cometidas por adultos, constituirían delitos de acción pública o privada. Así, el factor determinante radica en la traslación de una conducta penalmente relevante a sujetos que, por su minoridad e inmadurez psicológica, carecen de imputabilidad penal ordinaria y son sometidos a un régimen de responsabilidad penal especializado (Leganes, 1999).

Históricamente, los análisis sociográficos pecaron de un reduccionismo de clase. Las agencias de control penal tendieron a registrar tipologías nutridas exclusivamente por «hijos de la miseria económica y cultural» procedentes de sectores deprimidos, donde el delito se vinculaba de forma directa a la subsistencia. Sin embargo, en las últimas décadas este paradigma unidimensional ha colapsado. La emergencia de tipologías delictivas ligadas al microtráfico de drogas, los fraudes electrónicos, los asaltos planificados y la tenencia ilegal de armas demuestra que la delincuencia juvenil contemporánea permea diferentes estratos sociales y no se restringe a variables de exclusión económica.

A pesar de que el estudio sistemático de la criminalidad femenina se formalizó hacia finales de la década de 1960 bajo el impulso de la sociología feminista, las adolescentes infractoras continúan siendo un sujeto periférico en la investigación criminológica. Las estadísticas globales y locales ratifican una marcada asimetría de género, con una prevalencia abrumadoramente superior del sexo masculino (Cámara, 2013). Esta escasa representatividad numérica provocó que la doctrina marginara el análisis de la mujer delincuente, asumiendo erróneamente que las teorías criminológicas generales —diseñadas por y para varones— se aplicaban de forma idéntica a las mujeres.

Es importante destacar que Ignorar a las adolescentes como sujetos activos con motivaciones propias distorsiona la realidad judicial. En el Distrito Judicial de Villa Altagracia, la conducta delictiva de las adolescentes no puede desvincularse del tejido social machista que normaliza la violencia de género, la explotación sexual comercial, el embarazo precoz y la jefatura de hogar prematura. El perfil de la adolescente infractora dominicana suele estar mediado por historias previas de victimización severa (abuso físico, psicológico o sexual). Por consiguiente, es urgente transitar hacia un enfoque transdisciplinario amplio que desarticule la visión androcéntrica de la justicia penal juvenil, garantizando que las medidas socioeducativas contempladas en la Ley No. 136-03 respondan a las necesidades específicas de género de este segmento poblacional.

Al respecto la literatura contemporánea sobre carreras delictivas demuestra que el comportamiento infractor infanto-juvenil responde a un entramado multifactorial, donde las variables individuales interactúan de forma dialéctica con las disfunciones del entorno (Garrido & Redondo, 1997). Al contextualizar estos presupuestos teóricos en la realidad de la República Dominicana, los datos epidemiológicos y de seguridad ciudadana revelan un panorama crítico: los niveles de violencia y criminalidad más pronunciados del país se concentran de forma alarmante en el segmento poblacional con edades comprendidas entre los 13 y los 25 años de edad. Este pico en la curva de la criminalidad evidencia que el tránsito de la adolescencia a la juventud temprana se produce en un entorno de alta hostilidad social, desprotección institucional y vulnerabilidad sistémica.

Para decodificar la delincuencia juvenil dominicana,especialmente en el Municipio de Villa Altagracia es necesario analizar los vectores de riesgo a través de una matriz que articula dimensiones micro y macroestructurales, caracterizada por los siguientes factores determinantes:

Erosión de los Espacios de Socialización Primaria (Dimensión Micro-Social): Se observa una alta correlación entre la conducta transgresora y la prevalencia de dinámicas de familias deficientes, caracterizadas por la desestructuración, la falta de afectividad y el desapego. Esta realidad se agrava exponencialmente con el abandono y el fracaso escolar temprano, lo que expulsa al adolescente del sistema de educación formal y cancela su principal espacio de movilidad social legítima.
 
Institucionalización de Economías Criminales Locales: En los sectores deprimidos se ha arraigado una cultura de la venta, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas (drogas). Ante la falta de oportunidades reales de empleo y educación, el mercado del microtráfico opera como una estructura de reclutamiento y un sustituto laboral informal que ofrece ingresos rápidos y validación social dentro de la comunidad.
 
Exclusión Estructural y Asimetría Social (Dimensión Macroeconómica): El fenómeno está profundamente atravesado por agudos niveles de pobreza y un estado crónico de desigualdad económica y social. La brecha entre las aspiraciones de consumo promovidas por la modernidad tardía y los medios legítimos para alcanzarlas genera un estado de frustración colectiva o anomia social que empuja a los jóvenes hacia la ilegalidad.
 
Subculturas de Violencia Urbana y Vectores de Fuerza: La delincuencia se instrumentaliza a través del pandillerismo y las organizaciones delictivas locales, que proveen a los adolescentes un falso sentido de pertenencia, identidad y protección. Esta dinámica se ve potenciada de manera letal por la proliferación descontrolada de armas de fuego, elevando el índice de letalidad de los conflictos cotidianos.
 
Disfunción Político-Institucional y Legitimidad de la Norma: El comportamiento delictivo juvenil no se genera en el vacío; se alimenta de un alto índice de delincuencia generalizada que normaliza la transgresión. Este escenario se ve blindado por los niveles sistémicos de corrupción e impunidad en sentido general, lo que debilita el efecto disuasorio de la ley, deslegitima a las agencias de control penal y transmite a la juventud el mensaje de que la norma jurídica es maleable y carece de autoridad moral.

 

La delincuencia juvenil femenina en el Municipio de Villa Altagracia requiere un abordaje teórico y empírico urgente que supere el sesgo estadístico de la minoría numérica. Gran parte de las adolescentes en conflicto con la ley penal se ubican en la categoría tipológica de normalidad psíquica, lo que evidencia que el factor detonante de la conducta punible es de carácter socioambiental y contextual.  La implementación de la Ley No. 136-03 debe ser revisada a la luz de una perspectiva de género real, reconociendo que las trayectorias delictivas de las jóvenes están fuertemente condicionadas por dinámicas de opresión y victimización previa dentro de una estructura social machista.

La aplicabilidad real y el espíritu garantista de la Ley No. 136-03 dependen de una reforma estructural en la gestión de las políticas públicas de infancia. Se hace impostergable transitar de un modelo punitivo-reactivo hacia uno de protección integral y corresponsabilidad social. Para ello, es urgente que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) viabilice de forma inmediata la descentralización operativa mediante la creación y puesta en marcha de las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos, complementada con una asignación presupuestaria técnica, la capacitación continua del talento humano y la apertura de canales reales de participación para la niñez y la adolescencia.