Golpear el mallete para imponer una medida de coerción, dictar apertura a juicio, imponer una condena, o simplemente anular certificados de títulos de propiedad, ha dado notoriedad a muchos jueces.
La trascendencia de los casos, ya sea por su complejidad, o por tratarse de crímenes horrendos que han consternado a la población, es lo que más realce ha impregnado a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, “juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado” como dispone la Constitución. Los magistrados que ejercen en materia penal son los que más trascienden, por ser los casos que más interesan a la opinión pública.
En las últimas décadas, sobre los hombros de decenas de jueces ha recaído la responsabilidad de decidir casos relevantes que han mantenido en vilo a los dominicanos, desde el hecho hasta la condena.
La asignación de expedientes sobre sucesos que han conmocionado el país, permite develar el rostro y los nombres de los magistrados, cuyos fallos en ocasiones son aplaudidos, cuando llenan las expectativas, pero a veces reciben repudio cuando se considera que no decidieron conforme a la magnitud del hecho.
