LA ROMANA. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana impuso un año de prisión preventiva y declaró la complejidad del proceso penal seguido en contra de Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, acusados de captación irregular de fondos y operaciones financieras no autorizadas, según informó la Procuraduría General de la República de la República Dominicana.
La decisión fue emitida por la jueza Margarita Cristo Cristo tras acoger de manera íntegra la instancia formulada por el órgano persecutor. Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón cumplirán la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, mientras que Rodríguez Ellis fue remitida a la cárcel pública de dicha provincia.
Esquema de captación irregular y montos defraudados
De acuerdo con las investigaciones coordinadas por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Fiscalía de La Romana:
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Modus operandi: Entre diciembre de 2020 y abril de 2026, los imputados utilizaron las sociedades comerciales Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L. para captar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares y euros, prometiendo devoluciones de capital y rendimientos de inversión sin contar con la autorización legal correspondiente para intermediación financiera en el caso de AERR Group.
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Perjuicio económico en aumento: Inicialmente se computó una afectación superior a los RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros; sin embargo, las autoridades precisaron que estas cifras continúan en ascenso tras la incorporación de más de 100 nuevas denuncias de víctimas.
Calificación jurídica y prosecución del caso
Conforme a la acusación sustentada ante el tribunal:
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Cargos penales: A los tres imputados se les atribuyen violaciones correspondientes a asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y contravenciones a la Ley Monetaria y Financiera, así como a la regulación del mercado de valores.
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Representación fiscal: La barra del Ministerio Público estuvo integrada por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, el fiscal Juan Ramón Núñez y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo. Las indagatorias permanecen abiertas para rastrear el destino del dinero, incautar bienes vinculados y determinar la totalidad de los afectados.
