El Estado dominicano buscará obtener una indemnización de RD$12,000 millones durante el juicio de fondo que enfrentarán varios imputados en el proceso relacionado con presuntas irregularidades detectadas en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La información fue ofrecida por el abogado José Alberto Ortiz, representante legal del Estado en el caso, quien manifestó su satisfacción luego de que la jueza Yanibet Rivas decidiera enviar a juicio de fondo a los acusados.
Entre los principales procesados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant, y el empresario José Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de la empresa Aurix S.A.S., una de las compañías vinculadas al expediente.
“Estamos satisfechos; el Estado va con todo para el juicio de fondo a procurar una indemnización de 12,000 millones de pesos contra todos los imputados”, expresó Ortiz al concluir la audiencia.
El jurista sostuvo que los recursos que eventualmente sean recuperados mediante el proceso judicial podrían destinarse al fortalecimiento de servicios y proyectos en beneficio de la ciudadanía.
“Una indemnización que nosotros aspiramos, como se ha hecho en este gobierno, que retorne al pueblo dominicano en políticas públicas, obras públicas y en servicios públicos de calidad”, afirmó.
Ortiz, integrante del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público creado en 2021 por el presidente Luis Abinader, reiteró el compromiso de recuperar los recursos que presuntamente fueron sustraídos al Estado y contribuir a combatir la corrupción y la impunidad.
Acusación por contrato millonario
El proceso judicial se originó luego de que el Ministerio Público presentara una acusación relacionada con supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato entre el Intrant y la empresa Transcore Latam.
De acuerdo con la acusación, el contrato, valorado en más de RD$1,300 millones, habría sido preparado previamente por Beras y Gómez Canaán sin agotar los procedimientos correspondientes dentro del comité de compras de la institución.
Tribunal descarta acusación de terrorismo
Durante su decisión, la magistrada Yanibet Rivas declaró inadmisible la calificación jurídica de terrorismo presentada por el Ministerio Público en relación con el supuesto sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo ocurrido durante la última semana de agosto de 2024.
La jueza indicó que no existen elementos que permitan establecer que las acciones atribuidas a los imputados estuvieran dirigidas a provocar muertes, lesiones físicas o psicológicas, ni daños de gran magnitud en infraestructuras estratégicas.
Tras conocer la decisión, Juan Hirohito Reyes, abogado de Jochi Gómez, valoró positivamente el fallo y aseguró que no se configura ningún acto de terrorismo dentro de los hechos investigados.
Por su parte, la defensa de Hugo Beras, encabezada por la abogada Laura Acosta, sostuvo que su representado no guarda relación con esas imputaciones específicas.
Otros acusados en el proceso
Además de Beras y Gómez Canaán, también fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez, exsupervisor del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.
La lista incluye además a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Asimismo, figuran como empresas procesadas Aurix S.A.S., Transcore Latam S.R.L., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
En caso de una eventual condena, corresponderá al tribunal determinar el monto definitivo de la indemnización que deberán pagar los responsables al Estado dominicano.
