La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dispuso la apertura a juicio de fondo contra todos los imputados en el proceso relacionado con presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), donde se determinará la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.
Entre los principales señalados figuran el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José (Jochi) Gómez Canaán, a quien el Ministerio Público identifica como una pieza clave dentro del supuesto esquema que favoreció a la empresa Transcore Latam con un contrato valorado en más de RD$1,300 millones para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La investigación surgió luego de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas suspendiera el proceso de licitación en 2023 al detectar presuntas irregularidades vinculadas a la estructura societaria de las empresas involucradas. A raíz de esos hallazgos, el Ministerio Público inició acciones judiciales contra funcionarios, empresarios y otras personas relacionadas con el caso.
Imputados que enfrentarán juicio
Además de Beras y Gómez Canaán, el expediente incluye a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También fueron enviadas a juicio varias empresas, entre ellas Aurix S.A.S., Transcore Latam S.R.L., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Cargos admitidos por el tribunal
La magistrada excluyó algunas acusaciones presentadas inicialmente por el Ministerio Público, incluyendo terrorismo y falsificación de documentos privados, al considerar que no existían elementos suficientes para sostenerlas en esta etapa.
Sin embargo, el tribunal acogió cargos relacionados con coalición de funcionarios, al considerar que varios exfuncionarios habrían adoptado decisiones contrarias a la normativa de compras y contrataciones públicas.
Asimismo, fueron admitidas acusaciones por estafa, desfalco y asociación de malhechores contra varios de los imputados, incluyendo a Hugo Beras, Jochi Gómez, Fran Atilano, Juan Francisco Álvarez, Carlos José Peguero y Pedro Padovani.
En el caso de Juan Francisco Álvarez también se mantuvo la imputación por presunta falsedad en documentos vinculados a certificaciones de disponibilidad presupuestaria.
Por otra parte, Padovani, Peguero y Gómez enfrentarán cargos relacionados con falsificación y utilización de documentos falsos, mientras que las empresas Dekolor y PagoRD responderán por asociación de malhechores y estafa.
Acusaciones vinculadas a seguridad y tecnología
El tribunal aceptó que Jochi Gómez sea juzgado por un acuerdo suscrito a través de Aurix con el Ministerio de Defensa, mediante el cual, según la acusación, obtuvo acceso a información sensible relacionada con la seguridad nacional.
Además, Gómez, Padovani y Peguero enfrentarán cargos por presunto sabotaje tecnológico y delitos contra la nación, contemplados en la legislación sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
También fueron admitidas acusaciones por supuesto robo de identidad contra Jochi Gómez, Pedro Padovani, José Peguero y José Ángel Gómez.
En el caso particular de Jochi Gómez, se mantuvo además la imputación por contrabando agravado.
Tribunal descarta acusación de terrorismo
Al analizar la acusación presentada por el Ministerio Público sobre un supuesto sabotaje a la red semafórica en agosto de 2024, la jueza concluyó que los hechos descritos no cumplen con los requisitos legales para ser considerados terrorismo.
Según explicó, la investigación no establece que las acciones estuvieran dirigidas a causar muertes, lesiones o daños graves a infraestructuras estratégicas, ni que generaran un estado generalizado de temor en la población.
Por esa razón, la tipificación de terrorismo fue declarada inadmisible.
Medidas cautelares continúan
La jueza mantuvo el impedimento de salida del país contra Jochi Gómez y ordenó presentación periódica para Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora y Henry Darío Féliz.
Señalamientos del Ministerio Público
La acusación sostiene que Jochi Gómez habría obtenido beneficios mediante contratos irregulares a través de empresas como Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, relacionadas con sistemas de semáforos, videovigilancia y otras operaciones tecnológicas.
Según el Ministerio Público, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones presuntamente irregulares, mientras que otros imputados habrían participado en procesos de licitación, emisión de certificaciones, movimientos financieros y operaciones que supuestamente favorecieron el esquema investigado.
Con la decisión del tribunal, el caso entra ahora en la etapa de juicio de fondo, donde las partes presentarán pruebas y argumentos para que se determine la responsabilidad o inocencia de los acusados.
