SD. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) expresó su rechazo a la nueva terna introducida al Senado por el Poder Ejecutivo el viernes pasado para completar los miembros del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia). La AEIH califica la propuesta como “ilegal y violatoria de la normativa”
La entidad, que agrupa a más de 150 empresas industriales, dice sentirse “altamente preocupada por la virtual designación de personas que no reúnen los requisitos establecidos en la Ley General de Defensa de la Competencia”, tanto en el plano profesional como en la ausencia de vínculos de consanguineidad con miembros directivos de otras entidades reguladores del mercado.
La AEIH expresa su oposición a que una de las personas postuladas en la terna sea Laura María Castillo Saviñón, por ser hermana del actual titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), José del Castillo Saviñón. Pro Competencia es una entidad “vinculada orgánicamente” al MIC y el artículo 28 de su Ley (No. 42-08) prohíbe esa relación de consanguinidad.
Antonio Taveras Guzmán, presidente de la AEIH, afirmó que es preocupante la inobservancia de la terna a principios constitucionales y legales.
El empresario externó ese juicio al entregar personalmente una comunicación dirigida a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, a los senadores Luis René Canaán, Francis Vargas, Amílcar Romero, Félix Vásquez, Rafael Calderón, José Rafael Vargas, Tommy Galán y Reynaldo Pared Pérez.
La AEIH destacó que el correcto cumplimiento de la Ley es lo que asegura una gestión objetiva y transparente de la entidad llamada a garantizar el buen funcionamiento de los mercados.
Asimismo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, Adocco, notificó en la mañana de este miércoles a Cristina Lizardo Mezquita, mediante un acto de alguacil en el que se opone a la escogencia de Laura María del Castillo Saviñón, por ser esta hermana del ministro de Industria y Comercio, y de Juan Rafael Reyes Guzmán, que tiene como formación la licenciatura en sistemas, cuando la ley exige ser abogado o economista y tener especialización en temas afines a los objetivos de la defensa de la competencia.
