El Ministerio Público tiene una decisión pendiente: terminar el proceso ahora o permitir que el silencio alimente las especulaciones
Hay momentos en los que el silencio institucional deja de ser simplemente silencio.
Y comienza a generar preguntas.
El Ministerio Público inició un concurso para seleccionar a sus nuevos titulares. Se recibieron expedientes, se evaluaron las credenciales de los aspirantes y se realizó la fase de pruebas de competencias blandas. Quienes superaron esas etapas esperan ahora la entrevista, último tramo antes de conocer quiénes ocuparán las posiciones sometidas a concurso.
Pero hay un detalle que comienza a llamar poderosamente la atención:
- El tiempo se está agotando y las entrevistas todavía no han sido convocadas.
- No se trata de cuestionar el concurso.
- No se trata de cuestionar sus reglas.
- No se trata de insinuar que exista favoritismo.
- Precisamente por respeto al concurso, la pregunta debe hacerse:
- ¿Por qué no se ha convocado todavía a los candidatos que deben participar en la etapa de entrevistas?
La interrogante adquiere mayor relevancia porque existe una expectativa institucional de que los resultados sean conocidos alrededor del 20 de octubre y que los nuevos titulares sean juramentados pocos días después.
Si esas fechas forman parte de la planificación del proceso, el calendario ya no es un asunto menor.
Es una carrera contra el reloj.
Y cuando un proceso de esta importancia entra en su etapa final sin que se conozca públicamente cuándo se realizarán las entrevistas, inevitablemente aparecen las especulaciones.
Eso es precisamente lo que debería evitarse.
EL SILENCIO GENERA LAS PREGUNTAS
En diciembre habrá elecciones para escoger una nueva integración del Consejo Superior del Ministerio Público.
Ese hecho es público y forma parte de la dinámica institucional.
También es público que, si el concurso se prolonga más allá de determinadas fechas, podría terminar correspondiendo a una nueva composición del Consejo participar en alguna de sus decisiones finales.
-¿Es eso lo que ocurrirá?
No lo sabemos.
-¿Existe una decisión de retrasar el proceso?
Tampoco lo sabemos.
-¿Existe alguna intención de beneficiar a determinados candidatos?
No hay elementos públicos que permitan afirmarlo.
Y precisamente por eso las autoridades deberían despejar cualquier duda antes de que las dudas se conviertan en versiones.
Porque cuando no hay información, aparecen las interpretaciones.
Y cuando aparecen las interpretaciones, la institución termina pagando un costo que puede evitarse con algo tan sencillo como información clara y oportuna.
NADIE DEBERÍA QUERER QUE EL CONCURSO TERMINE BAJO SOSPECHA
La Procuradora General de la República y el Consejo Superior del Ministerio Público tienen una oportunidad muy concreta:
-Concluir el proceso.
-Hacer las entrevistas.
-Evaluar a los candidatos.
-Publicar los resultados.
-Y designar a quienes hayan obtenido los mejores resultados conforme a las reglas establecidas.
-Sin ruido.
-Sin especulaciones.
-Sin interpretaciones.
-Sin que nadie pueda decir mañana que el proceso quedó atrapado en el calendario político-institucional.
-Porque hay algo que debe quedar absolutamente claro:
-Terminar el concurso no significa favorecer candidatos.
-Terminar el concurso significa cumplir con el proceso.
-Y hacerlo a tiempo no significa sacrificar transparencia.
-Puede ser precisamente la mejor manera de protegerla.
EL PEOR ESCENARIO ES QUE EL MÉRITO QUEDE EN SEGUNDO PLANO
-Quienes participaron en el concurso hicieron su parte.
-Prepararon sus expedientes.
-Presentaron sus credenciales.
-Se sometieron a evaluaciones.
-Participaron en las pruebas.
-Esperaron.
-Y ahora esperan una entrevista que constituye una etapa esencial para completar la evaluación.
-Esos profesionales tienen derecho, cuando menos, a conocer cuándo continuará el proceso.
-No están pidiendo que se les nombre.
-No están pidiendo privilegios.
-No están pidiendo que se modifiquen las reglas.
-Están esperando que el concurso termine.
-Y la institución también tiene derecho a exigir que quienes resulten seleccionados sean conocidos con suficiente antelación y que la transición se produzca de manera ordenada.
UNA PETICIÓN QUE NO DEBERÍA SER POLÉMICA
-Por eso, desde una perspectiva estrictamente institucional, la petición debería ser sencilla:
-Consejo Superior del Ministerio Público: convoquen las entrevistas.
-Procuradora General: concluya el proceso.
-No porque exista una denuncia que investigar.
-No porque se haya demostrado irregularidad alguna.
-No porque haya que favorecer a alguien.
-Sino porque un proceso diseñado para fortalecer la institucionalidad debe ser protegido hasta el último día.
-Y hoy protegerlo significa evitar que el calendario se convierta en protagonista.
-Que no sean los rumores los que expliquen lo que ocurre.
-Que no sean las versiones las que llenen el vacío de información.
-Que no sean las especulaciones las que terminen contaminando un proceso que, hasta ahora, ha transitado por etapas que deben ser respetadas.
-Que hablen las evaluaciones.
-Que hablen las entrevistas.
-Que hablen los resultados.
-Y que finalmente hablen los méritos.
Porque si el concurso fue creado para que el mérito decida quiénes serán los próximos titulares del Ministerio Público, entonces hay una sola forma de cerrar el proceso:
-Terminándolo.
-Y terminándolo ahora.
-Antes de que el calendario cambie.
-Antes de que cambien los actores.
-Antes de que las especulaciones ocupen el espacio que debería ocupar la información.
-El reloj está corriendo.
-Y el Ministerio Público tiene la palabra.
