SANTO DOMINGO. El coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez, se resigna a lo que Dios pueda hacer en su caso, ya que es el único enviado a prisión por tres meses como medida de coerción por el presunto soborno de US$3,520,000 para la compra de ocho aviones Super Tucano. Piccini Núñez, mientras era conducido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) respondió: “Dios sabrá”, a los periodistas que le cuestionaron por su suerte en el proceso.
En la madrugada de ayer el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le impuso tres meses de prisión preventiva, en tanto que al exministro de Defensa, mayor general piloto Pedro Rafael Peña Antonio, le impuso presentación periódica e impedimento de salida.
A los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, además del impedimento de salida, les impuso la colocación, a cada uno, del grillete eléctrico.
Hasta que los empresarios contacten la empresa que les brindará los servicios de vigilancia a través de los grilletes electrónicos, no abandonarán la cárcel del palacio de justicia del Distrito. Tras ordenar que Piccini cumpla la medida en el Centro de Corrección y rehabilitación Najayo. Vargas declaró el caso complejo.
La directora de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, dijo que el caso de los Tucano es un proceso complejo que involucra varios aspectos: sobreevaluación, seguros y los radares.
Expresó que las investigaciones por el caso seguirán su curso, aunque haya un nuevo Procurador General de la República, ya que existe el principio de continuidad de estado e independencia de actuación del Ministerio Público.
El pasado miércoles fue interrogado el sobrino del senador de la provincia Hermanas Mirabal, René Canaán Rojas, tras su empresa ser investigada por presuntamente haber recibido dinero del soborno.
Samuel Pereira Rojas es propietario de Saperofa, que habría sido una de las entidades que recibieron US$880 mil de los ejecutivos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. (Embraer), de los US$3,520,000 que presuntamente fueron otorgados a autoridades civiles y militares de la República Dominicana para la adquisición de los ocho aviones.
Por el caso han sido interrogados el empresario Rafael Santos, así como Arturo Balaguer Torres, este último propietario de la empresa Magic Corp, una consultora del gobierno, la cual fue allanada.
Toda la atención de la población está centrada en la investigación y divulgación de los nombres de los otros legisladores implicados en el supuesto soborno.
Hasta el momento sólo se ha mencionado al senador Canaán Rojas, como la persona que recibió el dinero para garantizar los votos en el Congreso para el préstamo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil.
