Designación de jueces es problema para independencia de la Justicia

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SD. La presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, reveló que uno de los problemas de la independencia judicial es la designación de jueces, donde hay un alto contenido político y existe el riesgo de que solo se beneficie a un partido.

Durante su participación en la Cumbre Judicial Nacional, Germán Brito explicó que es inevitable el contenido político, especialmente porque todos los que componen el Consejo de la Magistratura están legitimados por una elección popular, pero lo malo “es que esa composición sea inclinada en favor de un solo partido”.

Consideró que hay que buscar el equilibrio político necesario, pero que una forma de coartar la independencia es negarle los recursos al Poder Judicial (PJ).

En el evento donde se asumieron compromisos para mejorar la justicia dominicana, la jueza resaltó que desde siempre los traslados de magistrados se han hecho como sanción por emitir una decisión y que la misma ha afectado a jueces honestos.

En el evento, el expresidente del Tribunal Suprema de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, destacó que los poderes políticos siempre tratan de inferir en el PJ, sobre todo cuando no son favorecidos con sentencias.

Dijo que para la independencia es importante reconocer la garantía que le da a los jueces el carácter vitalicio de sus posiciones, que éstos puedan estar seguros que pueden decidir un caso y que por los resultados de esa decisión no se le va a castigar.

Refirió que el único mecanismo para atacar la resolución de cualquier magistrado es la revisión jurisdiccional, los recursos apelativos hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia.

“La independencia judicial es esencial para el funcionamiento del Estado, para asegurar el estado de derecho, para asegurar que a los ciudadanos se les trate igual, que prevalezca el imperio de la ley en el estado de derecho y nos corresponde a los jueces darles esa garantía”, afirmó.

Fernández Denton señaló que esto no es para poner al juez en un sitial privilegiado, sino garantizarle a la sociedad que los derechos de cada uno van hacer evaluados en un foro imparcial donde los únicos criterios que van a regir son la Constitución y las leyes.