SANTO DOMINGO. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó para las 2:00 de la tarde de este viernes la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los 26 imputados en la denominada Operación Senasa 2.0-A, según datos procesales provistos por la Procuraduría General de la República (PGR).
La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena con el objetivo de culminar la presentación de las defensas técnicas e iniciar la fase de réplicas y contraréplicas entre las partes.
Fase final de alegatos y debate contradictorio
De acuerdo con las informaciones recopiladas por la Procuraduría General de la República:
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Última exposición de la defensa: La sesión se reanudará con la intervención del abogado Félix Portes, representante de la imputada Isabel Heredia, quien culminará la fase de presentación de presupuestos defensivos ante el tribunal.
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Réplica y contraréplica: Concluida la participación de la defensa técnica, los fiscales adscritos a la Procuraduría General de la República tomarán el turno para refutar los argumentos planteados por los abogados de los encartados. Posteriormente, la parte defensora ejercerá su derecho a la contraréplica.
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Manifestaciones en la sala: Al cierre de la jornada, familiares y allegados de los procesados reaccionaron con aplausos y consignas de apoyo dentro del recinto judicial, instándoles a mantener la calma durante la culminación del proceso.
Pretensión punitiva y alcance del expediente
Conforme a las actuaciones radicadas por la Procuraduría General de la República:
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Medida cautelar requerida: El Ministerio Público solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra el grupo de imputados, compuesto por excolaboradores del Seguro Nacional de Salud (Senasa), profesionales de la medicina y particulares.
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Complejidad del caso: El órgano persecutor requirió formalmente que la causa sea declarada de tramitación compleja, amparándose en la pluralidad de los imputados, la extensión de los peritajes financieros y la presunta estructura de fraude operativo en la aseguradora estatal.
