SANTO DOMINGO. – El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste dictó la pena máxima de 30 años de prisión en contra de Eduardo Carlos de León Paula, tras ser hallado culpable de asesinar a martillazos a un motoconchista para despojarlo de su motocicleta en el municipio de Pedro Brand, de acuerdo con datos provistos por la Procuraduría General de la República (PGR).
El tribunal, integrado por las juezas María Cordero del Socorro, Sandra Josefina Cruz y Loida Amador Sención, ordenó que el condenado cumpla la sanción penal en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.
Hallazgo del cuerpo y circunstancias del hecho
Conforme a las investigaciones dirigidas por la fiscal Olivia Sosa y sustentadas por la Procuraduría General de la República:
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Móvil y ejecución: El crimen ocurrió el 20 de mayo de 2025. El procesado atacó a la víctima, Miguel Ángel Benítez Mota, con un martillo hasta quitarle la vida para robarle la motocicleta y otras pertenencias.
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Ocultamiento del cadáver: El cuerpo sin vida de Benítez Mota fue abandonado cerca de un río en unos matorrales próximos a la carretera que conduce a La Cuaba, donde fue hallado dos días después, el 22 de mayo de 2025.
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Coacción a menores: El agresor cometió el homicidio en presencia de dos adolescentes, a quienes obligó bajo amenazas a trasladar la motocicleta y encubrir el traslado del cuerpo antes de huir del lugar.
Pruebas y calificación jurídica
De acuerdo con las informaciones presentadas por la Procuraduría General de la República, las fiscales litigantes Vilma Méndez y Francheska Alcántara presentaron un expediente probatorio concluyente:
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Elementos de prueba: Se aportaron grabaciones de cámaras de vigilancia que registraron al imputado y a las adolescentes junto a la víctima mientras este conducía la motocicleta antes del ataque, así como las declaraciones testimoniales de las menores que señalaron directamente a De León Paula.
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Calificación legal: El hecho fue tipificado como homicidio, robo agravado y violación a la ley de armas, en infracción de los artículos 295, 302, 379 y 385 del Código Penal Dominicano, en combinación con los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
