En las próximas horas un tribunal se abocará a conocer de los tratos alcanzados por la Constructora Odebrecht y la Procuraduría General de la República, poco más de una semana después de que la empresa brasileña se comprometiera a pagar 184 millones de dólares en compensación al Estado dominicano por sobornos de US$92 millones que admitió haber pagado en el país, a lo largo de casi dos décadas, para adjudicarse contratos multimillonarios de obras públicas.
De acuerdo a una fuente cercana a la investigación, el expediente será remitido al juez coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, o por el juzgado de Atención Permanente de esa jurisdicción para homologar el acuerdo entre la Procuraduría y Odebrech.
De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica, la homologación de un expediente es un procedimiento por el cual los tribunales aprueban un acto y le otorgan fuerza ejecutoria.
Anota que “la homologación de un convenio de partes constituye una de las formas anormales de conclusión del proceso, es decir, que no concluye con una sentencia.
En determinadas circunstancias en que la ley obliga a fundar la homologación se habla de “sentencia de homologación”.
El acuerdo entre la Odebrecht y la Procuraduría contempla el pago de 184 millones de dólares, de los cuales la empresa brasileña se comprometió a desembolsar 30 millones en lo inmediato, y el resto en un plazo de ocho años, hasta el 2025.
Las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en la República Dominicana tuvieron inicio a raíz de que el Consorcio se declaró culpable en una corte de Nueva York de violar leyes contra los sobornos en el extranjero, tras una intensa investigación de corrupción en Brasil.
Según juristas consultados por Listín Diario, el Ministerio Público tiene dos opciones al momento de tomar la decisión sobre el acuerdo arribado con la empresa Odebrecht: judicializar el expediente enviándolo por ante un tribunal o legalizar el acuerdo mediante un acto notarial. El artículo 34 del Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público, cuando se habla de criterio de oportunidad, de prescindir de la acción pública, sin necesidad de tener que recurrir por ante un juez.
Base legal
La legalidad del acuerdo firmado con Odebrecht se fundamenta en el artículo 2 del Código Procesal Penal, que establece que el proceso penal tiene carácter de medida extrema de la política criminal, por lo que el Ministerio Público tiene la posibilidad de utilizar medidas alternativas para restaurar el orden social fuera de la judicialización del caso.
Igualmente, el artículo 370.6 de la misma norma permite al Ministerio Público aplicar criterios de oportunidad en casos de naturaleza compleja, como el presente, cuando los imputados colaboran eficazmente con la investigación, brindan información esencial, ayudan a esclarecer los hechos o proporcionan información útil para comprobar la participación de otros imputados.
En cuanto a las operaciones de la empresa brasileña en el país, el acuerdo establece que Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
LAS OPERACIONES
En cuanto a las operaciones de la empresa brasileña en el país, el acuerdo establece que el Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
