En el marco de una estrategia de cooperación jurídica internacional, el Ministerio Público de la República Dominicana ejecutó 20 allanamientos simultáneos en atención a una rogatoria de las autoridades penales de Bélgica. Las intervenciones forman parte de una investigación transnacional que persigue a una estructura delictiva integrada por ciudadanos dominicanos, acusados de trata de personas, explotación sexual comercial y lavado de activos.
Los operativos de registro domiciliario se concentraron en las demarcaciones del Gran Santo Domingo (Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste) y en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Las acciones fueron coordinadas por la Dirección General de Persecución, con el respaldo técnico de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional, contando además con la fiscalización presencial de oficiales acreditados de las policías de Bélgica y los Países Bajos.
Origen de las pesquisas y arresto de los cabecillas en Europa
La investigación conjunta se formalizó en junio de 2026 tras capturarse en territorio europeo a los nacionales dominicanos Ana Mercedes Encarnación Mejía y Juana de Jesús Holguín, imputadas de liderar el esquema delictivo. El modus operandi consistía en captar mujeres en condiciones de vulnerabilidad tanto en la República Dominicana como en Colombia mediante promesas fraudulentas, para luego trasladarlas a Bélgica utilizando a España como país de tránsito logístico.
Durante el arresto de Encarnación Mejía —identificada como la principal cabecilla de la organización y quien cuenta con el antecedente de haber cumplido una condena de cinco años por la explotación sexual de un familiar—, las autoridades policiales belgas lograron rescatar a cinco mujeres que permanecían retenidas con fines de explotación en su residencia.
Flujos financieros y blanqueo de capitales en el sector inmobiliario
El análisis financiero de la estructura criminal determinó que la red generaba ganancias millonarias a expensas de la explotación de las víctimas. Los recursos acumulados en Europa eran transferidos de forma periódica hacia la República Dominicana con el objetivo de introducirlos de manera formal en el circuito económico nacional.
El Ministerio Público detalló que el dinero ilícito era invertido principalmente en la adquisición de bienes raíces y en el desarrollo de operaciones comerciales accesorias, técnicas estructuradas de manera deliberada para ocultar, disimular y legitimar el origen criminal de los fondos frente a los reguladores financieros.
Fortalecimiento de la persecución penal transnacional
El procurador adjunto Wilson Camacho destacó la efectividad de la jornada de allanamientos y reafirmó que la colaboración activa entre Estados es la herramienta idónea para enfrentar la criminalidad organizada que desborda las fronteras nacionales.
Por su parte, las autoridades judiciales ratificaron que estas líneas de acción forman parte del compromiso de la gestión encabezada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para dar fiel cumplimiento a los tratados de asistencia mutua vigentes y erradicar las redes transnacionales de delincuencia organizada.
