El juez Bernardo Coplin, del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo, impuso medidas de coerción contra cinco personas que se hacían pasar como militares para comercializar armas de fuego ilegales y estafar personas a las que les entregaban carnés falsos de ingreso a las filas militares.
Los acusados son José del Carmen Ramírez Rodríguez, Robert Alexander Ramírez Bautista, Cristina Rosario del Orbe y David Jesús Pichardo Guzmán, quienes que tendrán que cumplir tres meses de prisión preventiva como medida de coerción; y Emilio Almonte García, a quien le impusieron una garantía económica de RD$100 mil, mediante contrato de fianza, y presentación periódica.
El grupo está acusado de los delitos de falsificación y uso de documentos públicos falsos, usurpación de funciones, asociación de malhechores, estafa y porte, tenencia, comercio y tráfico de armas de fuego ilegales.
Los imputados fueron arrestados tras varios meses de que fue iniciada una investigación conjunta por parte de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo, la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (J2).
El documento de solicitud de medida de coerción establece que por cada arma el grupo cobraba entre RD$40 mil y RD$200 mil, además de que ofrecía a sus clientes ingresarlos a las Fuerzas Armadas para que las portaran de manera legal, por lo que les pedían llenar el formulario de ingreso, también falsificado, y luego los enviaban a realizarse los estudios médicos correspondientes.
Asimismo, indica que para entregarles los falsos carnés que los acreditaban como miembros de la institución, eran conducidos a la Base Aérea de San Isidro, donde un sargento de la institución les colaboraba para darle veracidad al ingreso.
Dicha red estaría encabezada por Ramírez Rodríguez, quien junto a Ramírez Bautista y Pichardo Guzmán deberá cumplir la medida en el penal de La Victoria, mientras que Rosario del Orbe permanecerá en el Centro Correccional Najayo Mujeres.
El grupo está acusado de violar los artículos 147, 148, 258, 259, 265, 266 y 405 del Código Penal y el 66, 67, 68 y 70 de la Ley 631-16 de Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
