SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) dictó dos nuevas sentencias en las que sanciona a cuatro entidades públicas por el incumplimiento de órdenes judiciales, imponiendo en conjunto RD$1,470,000.00 en astreintes (multas conminatorias) a favor de dos ciudadanos afectados por la inacción administrativa, según datos publicados por el periódico Listín Diario.
El órgano garante de la Constitución precisó que los fallos son vinculantes e irrevocables, y calificó la actitud de las entidades como «reticente e irresponsable», por atentar contra la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Casos sancionados y montos de liquidación
De acuerdo con los reportes divulgados por Listín Diario, el Pleno de Jueces del TC estableció las siguientes condenas financieras:
1. Policía Nacional (Sentencia TC/0844/26)
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Sanción impuesta: RD$520,000.00 a favor del señor Isidro Díaz Rosario.
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Origen de la causa: Desacato a la sentencia TC/1104/24 del 30 de diciembre de 2024, la cual ordenaba a la institución entregar la documentación de una investigación por presunta deserción seguida en contra del accionante.
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Cómputo de la penalidad: Pese a la notificación en junio de 2025, transcurrieron 260 días de retardo con una astreinte de RD$2,000.00 diarios. El tribunal advirtió que la cifra continuará acumulándose hasta que se entreguen los expedientes.
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Antecedente reciente: Listín Diario señala que el pasado 7 de agosto de 2026, mediante la sentencia TC/0736/26, la Policía Nacional también fue condenada al pago de RD$2,845,000.00 a favor de la señora Dulce María Lora Solís por no reconocer el ascenso y el diferencial de pensión de su fallecido esposo, el general de brigada (r) José Antonio Feliciano Castillo.
2. INABIMA, DGJP y Ministerio de Hacienda (Sentencia TC/0851/26)
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Sanción impuesta: RD$950,000.00 de manera solidaria a cargo del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y el Ministerio de Hacienda.
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Beneficiaria: Yolanda del Carmen Solís de Rosario, docente jubilada.
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Origen de la causa: Incumplimiento de la sentencia TC/1463/25, la cual ordenó la transferencia de cotizaciones y la reactivación de la pensión otorgada originalmente en 1992, así como el pago retroactivo de los valores adeudados desde agosto de 2021.
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Cómputo de la penalidad: Tras vencer el plazo concedido de 30 días en febrero de 2026, el TC contabilizó 95 días de mora con una sanción solidaria de RD$10,000.00 diarios, monto que continuará incrementándose hasta la ejecución total de la medida.
