El Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, un poblado a 35 km de La Habana, impuso a Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, la «sanción conjunta y única» de diez añoz de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir, según la sentencia fechada el 6 de octubre y a la que tuvo acceso la agencia de prensa AFP, luego de que su familia fuera notificada esta semana.
Tres jueces del tribunal determinaron la culpabilidad de Pérez Fonseca en base a declaraciones del policía local Jorge Luis García Montero, único testimonio reconocido por los magistrados. Dos testigos de la defensa fueron desestimados por «parciales» por tratarse de un familiar y una amistad.
El uniformado dijo que el 11 de julio, Pérez Fonseca «incitaba al resto de las personas a formar grupos a lanzar piedras y botellas» durante la manifestación.
Pérez lanzó una piedra que cayó en la mano del oficial, «ocasionándole escoriaciones que no requirieron asistencia médica» y aventó otra piedra que impactó en una patrulla «que no presentó daños», además de ignorar la orden de confinamiento por Covid-19, segun indica la sentencia.
El manifestante, quien es padre de dos hijos, fue aprehendido el 16 de julio por el oficial de policía en la casa de su madre.
ONG denuncia un juicio en el que no se han contrastado las acusaciones
Laritza Diversent, directora de la ONG de derechos humanos Cubalex, con sede en Miami, denuncia una sentencia «excesiva» y resalta que es la pena más larga aplicada por estas manifestaciones. En otros casos relacionados con las protestas, los fiscales han pedido hasta 25 años de cárcel en procesos que aún no han concluido.
Lo relevante en este caso es que las evidencias que presenta la Fiscalía «no fueron sometidas a contradicción (…) la víctima, que es el policía, es la única evidencia que hay para incriminarlo» y es «obligación de las autoridades probar el dicho, investigar», añade Diversent.
Para la directora de la ONG, las sentencias responden a un «una política penal» que se estaría aplicando a raíz de las manifestaciones de julio con «sanciones severas» que a su parecer se estarían imponiendo con la voluntad de ejercer «un efecto ejemplarizante».
El Gobierno cubano denuncia que las protestas de julio, las más grandes que se han producido en la nación desde el inicio de la Revolución, fueron impulsadas por Estados Unidos e indica que forman parte de una estrategia apoyada por Washington para cambiar el modelo de Gobierno de la isla.
Las manifestaciones estallaron el pasado 11 de julio en medio de una crisis generalizada de alimentos y medicamentos y tras una brusca caída de la economía local, basada en el turismo, tras meses de cierres nacionales e internacionales a causa de la pandemia de coronavirus.
La situación que vive la isla, con un desabastecimiento generalizado se ha acentuado también a causa del bloqueo económico que mantiene Estados Unidos sobre Cuba y que se reforzó durante el Gobierno de Donald Trump, medidas que no han sido retiradas por la actual Administración estadounidense.
La ruptura de un cuadro de Fidel Castro, en el trasfondo del caso
La madre del sentenciado, Liset Fonseca, cree que las verdaderas razones de la larga condena son que su hijo ayudó a romper una fotografía del fallecido líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, y que enfrentó verbalmente a García Montero cuando detenía a otro joven.
En un video difundido en redes sociales aparecen imágenes del centro de San José de las Lajas el 11 de julio, en las que un grupo de personas está tratando de romper el cuadro, que finalmente es partido por el acusado.
«Romper el cuadro, eso no se puede perdonar. Ellos tenían que hacer algo que fuera un escarmiento grande», dice la mujer, adelantando que su familia apelará la sentencia.
De acuerdo con el relato de la madre, cuando Roberto regresaba a su casa de la manifestación, vio al policía metiendo a un detenido a una patrulla y lo enfrentó diciéndole que era un «abusador».
Las manifestaciones del 11 y 12 de julio en 50 ciudades al grito de «Libertad» y «Tenemos hambre», dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.130 detenidos, con más 560 aún en prisión, según denuncia Cubalex.
Archipiélago, un grupo de reflexión política en Facebook, mantiene su llamado a una manifestación el próximo 15 de noviembre por la liberación de presos políticos, pese a que el Gobierno ha declarado ilegal esta protesta.
