SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la legalidad del Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, creado por la Ley 340-98 del 14 de agosto de 1998.
La alta corte declaró conforme con la Constitución los artículos 1, 8 y 11 de esa norma, en respuesta a una petición de nulidad planteada por 19 miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por entender que las mismas producen su exclusión del Instituto.
Consideraron que la medida violenta sus derechos de los tratados, de igualdad, seguridad social y los principios de razonabilidad y de seguridad jurídica, consagrados dichos derechos y principios, respectivamente, en los artículos 26.1, 39, 40.1, 60 y 119 de la Constitución.
El artículo primero de la ley impugnada establece que el Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano tiene calidad de asociación civil, autónoma, apolítica y apartidista, legalmente establecida, con personalidad jurídica y con patrimonio propio.
Mientras que el artículo 8 dispone que son miembros los senadores y diputados, en ejercicio de su mandato.
El 11 dice que a los efectos del cálculo de la jubilación de un congresista, se tomará en cuenta el tiempo servido por el mismo al Congreso Nacional.
En otra decisión, el TC ordena al Estado realizar el pago de la suma RD$ 18,550,000.00 a favor de Juan de Jesús Salcedo Moreta, por concepto de la expropiación de 14,225 metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela de su propiedad, la cual fue utilizada para la construcción de un play de baseball y un centro técnico profesional.
Asimismo, lo condena, al igual que al Ministerio de Hacienda, al pago de un astreinte por la suma de RD$5,000 diarios, por cada día de retardo en el cumplimiento del pago, a favor del Programa Quisqueya Verde.
La alta corte rechazó un recurso de revisión de la sentencia 359-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, la cual fue confirmada.
