El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó a 15 años de prisión a un hombre hallado culpable de captar, trasladar y someter a explotación sexual comercial a dos ciudadanas de nacionalidad colombiana. El encartado las ingresó al territorio dominicano utilizando falsas ofertas de trabajo para luego retenerlas bajo un esquema de coacción física, económica y abuso sexual.
La pena privativa de libertad le fue impuesta a Alexander Antonio Rodríguez (conocido en el entorno delictivo como «Mello Cotorra»). El veredicto judicial, emitido por las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, lo declaró culpable de violar las disposiciones de los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, además de configurarse en el proceso el delito de agresión sexual.
Captación en Medellín y traslado al país
De acuerdo con el expediente instrumentado por el Ministerio Público, la estructura delictiva comenzó a operar en septiembre del año 2023, cuando una de las afectadas hizo contacto telefónico con Rodríguez desde Colombia. El imputado le aseguró que podía conseguirle un empleo estable y bien remunerado como camarera en la República Dominicana, prometiéndole una mejora sustancial para su situación económica.
La fiscal litigante Aida Medrano Gonell demostró ante el tribunal que el procesado se trasladó personalmente a la ciudad de Medellín, Colombia, donde repitió el mismo patrón de falsas promesas laborales con una segunda víctima y costeó la totalidad de los pasajes y traslados logísticos. El 14 de enero de 2024, Rodríguez ingresó al territorio nacional con ambas mujeres a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
Red de coacción, deuda ficticia y arresto en flagrante delito
Una vez en suelo dominicano, el agresor desveló las verdaderas condiciones de su estadía aprovechando el estado de absoluta vulnerabilidad y desprotección legal de las extranjeras. Bajo amenazas, les impuso una deuda ficticia de US$4,000.00, obligándolas a realizar pagos fijos semanales de:
-
US$500.00 cada viernes (como abono a la supuesta deuda del viaje).
-
RD$5,000.00 los martes (por concepto de alquiler del alojamiento donde las mantenía retenidas).
Para saldar estos montos, Rodríguez las forzó a mantener relaciones sexuales con clientes que él mismo seleccionaba y cuyos pagos administraba de manera unilateral. Las víctimas eran sometidas constantemente a maltratos físicos, insultos verbales y coacción psicológica para evitar que escaparan. Asimismo, las pruebas periciales presentadas en el juicio evidenciaron que el procesado violó sexualmente a una de las mujeres.
El desmantelamiento de este cautiverio ocurrió a finales de enero de 2024. Un transeúnte que presenció cómo Rodríguez golpeaba y agredía físicamente a las dos mujeres en las inmediaciones de un centro de diversión nocturna en el municipio de Puñal, alertó a un oficial del Ejército de la República Dominicana. El militar intervino de inmediato, logrando rescatar a las jóvenes y procediendo al arresto en flagrancia del agresor, quien fue puesto a disposición del fiscal Juan Osvaldo García, director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes de la fiscalía de Santiago.
