SANTO DOMINGO. Los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificaron ayer la prisión preventiva de un año contra el presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Arsenio Quevedo y el presunto sicario Danilo Octavio Reynoso (Danilo El Prieto), implicados en varios asesinatos de choferes.
A su salida de la sala de audiencia, Quevedo afirmó que se trata de una persecución en su contra.
La medida fue adoptada por los magistrados Ignacio Camacho, Nancy Joaquín y Daniel Nolasco, quienes consideraron que los hechos que se les imputa a los acusados eran suficientes para mantenerlos en prisión.
Quevedo está acusado de ser la cabeza de la supuesta red, y quien financiaba las operaciones del regidor Erickson de los Santos, preso también por el mismo caso.
La apelación buscaba revocar la decisión del Juez de Atención Permanente que dictó un año de prisión preventiva para ambos imputados, en la cárcel del Nuevo Modelo de Higüey.
Durante el proceso, el Ministerio Público, encabezado por el procurador adjunto Bienvenido Ventura Cuevas y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, solicitaron al tribunal mantener la prisión de los imputados.
La magistrada Reynoso saludó la decisión del tribunal, y dijo que la investigación sigue.
De su lado, el abogado de Quevedo, William Garabito, dijo que el tribunal actuó bajo presión, y que en todo momento la fiscal Reynoso enrostró el caso de Awilda Reyes como forma de intimidar y procurar la decisión favorable.
La audiencia se inició a las 11:00 a.m. con la advertencia del juez presidente Ignacio Camacho, de que no permitiría desórdenes, y minutos más tarde ordenó que el proceso fuera a puertas cerradas, acogiendo una solicitud del abogado Manuel Soto Lara.
A la audiencia acudieron en apoyo y solidaridad, el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, los diputados Francisco Bautista, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el perredeísta Luis Castillo, así como el alcalde Fernando Cubilete.
Los tres asistieron, además, en calidad de garantes para que Quevedo pudiera obtener su libertad, si así el tribunal lo disponía. Sánchez Roa dijo que como vocero del bloque de senadores del PLD no podía firmar la garantía, pero que acudió en un gesto solidario con Quevedo.
Al edificio de la Suprema vieja, donde funciona la Corte de Apelación acudieron defensores de Arsenio Quevedo y de otro lado familiares de choferes asesinados, ambos grupos reclamando justicia.
Por el tumulto que hicieron, fueron acordonadas las calles Juan B. Pérez y Juan de Dios Ventura, así como impedido el tránsito por la Hipólito Herrera Billini. Con cartelones en manos unos exigían libertad de los presos y otros que sigan en prisión. Estuvieron toda la audiencia allí.
