Brasilia, 15 jun (EFE).- La abogada Janaína Paschoal, una de las demandantes de la destitución de la suspendida mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó hoy ante una comisión del Senado a cargo del proceso que el posible rechazo de las cuentas del Gobierno en 2015 refuerza las tesis de la acusación.
En una nueva audiencia del proceso, Paschoal citó un análisis del Tribunal de Cuentas, organismo auditor del Estado, que hoy le dio a Rousseff un plazo de 30 días para explicar diversas irregularidades detectadas en los resultados que su Gobierno presentó en 2015.
«Eso refuerza la acusación» y «comprueba» que las maniobras fiscales irregulares detectadas en 2014 se mantuvieron en 2015 y configuran un «crimen de responsabilidad», que es como define la Constitución las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario, declaró Paschoal ante la comisión del Senado.
El análisis de los resultados del Gobierno en 2015 fue realizado por el Tribunal de Cuentas, que ya reprobó los balances del Gobierno de 2014 y ahora detectó 23 irregularidades en los del año pasado, sobre las que pidió explicaciones a Rousseff.
Entre otros asuntos, se comprobó la contratación de créditos por parte del Gobierno con la banca pública, lo cual está prohibido por ley, o la emisión de decretos autorizando aumentos del gasto público sin la debida autorización del Congreso.
Esas prácticas, que datan de 2014, dieron sustento a la acusación que llevó a la apertura del juicio político contra Rousseff, quien el pasado 12 de mayo fue suspendida de sus funciones y sustituida en forma interina por su entonces vicepresidente, Michel Temer.
En la sesión celebrada hoy, sin embargo, la comisión del Senado escuchó a otros tres testigos de la defensa, que negaron que haya habido fraudes o irregularidades en los resultados presentados por el Gobierno de Rousseff.
Uno de ellos fue Cilair Rodrigues, ex secretario de Presupuestos del Ministerio de Planificación, quien aseguró que, como sostiene la defensa de Rousseff, las operaciones en cuestión fueron hechas dentro del marco legal.
No obstante, reconoció que el Gobierno emitió el año pasado unos decretos en los que se aprobaba un aumento de los gastos antes de que el Congreso los hubiera aprobado, como establece la ley.
Aún así, argumentó que es una práctica habitual en la gestión pública brasileña y que había ocurrido en Gobiernos anteriores, lo cual fue descalificado por la parte acusadora.
La fase procesal del juicio contra Rousseff concluirá a fines de julio, cuando el instructor de la comisión presentará un informe en el que deberá recomendar la destitución o no de la mandataria.
Ese informe será sometido entre los días 1 y 2 de agosto al pleno del Senado, que decidirá por una mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros si la causa prosigue o va a los archivos.
Si el proceso continua, la Corte Suprema convocará al pleno del Senado para una última sesión, a mediados de agosto, en la que se decidiría la suerte definitiva de Rousseff. EFE
