Autor: Jonathan Baró Gutiérrez
Miembro del Ministerio Público
Dedico estas líneas a la memoria de nuestra compañera Lucitania Amador y de los demás integrantes de esta primera promoción que ya no están con nosotros. Su recuerdo también forma parte de esta historia y permanece entre quienes compartimos aquel inicio del camino.
El lunes 5 de diciembre de 2005, cien jóvenes ingresamos a las aulas de la Escuela Nacional del Ministerio Público para iniciar el Programa Inicial de Formación (PIF), concebido para preparar a quienes habíamos superado el concurso de oposición. Éramos, en su mayoría, menores de 26 años y llegamos con una idea todavía incompleta de la responsabilidad que asumiríamos. El 8 de agosto de 2006 recibimos nuestras acreditaciones como integrantes de la primera promoción incorporada mediante concurso a la carrera del Ministerio Público de la República Dominicana.
Nuestra llegada coincidió con una etapa de cambios. Por primera vez, el ingreso a la carrera comenzaba a depender de un concurso, de la preparación recibida y de los resultados de cada aspirante. Llegamos a una institución con una larga historia, sostenida durante años por servidores que conocían de cerca el trabajo cotidiano de las fiscalías.
Fuimos convocados para ocupar las plazas disponibles después del proceso de evaluación de quienes se encontraban en funciones. En algunas jurisdicciones nuestra llegada produjo cierto recelo. Era comprensible: éramos muy jóvenes, habíamos superado un concurso inédito y formábamos parte de una nueva modalidad de ingreso al Ministerio Público. Con el tiempo entendimos que aquel cambio no podía desconocer el aporte de quienes nos habían precedido. Muchos de aquellos fiscales fueron esenciales para nuestra formación; conocían las comunidades, los tribunales y las dificultades de una labor que no se aprende únicamente en las aulas.
En lo personal, recuerdo a Juan Casilla Solís, mi mentor, amigo y colega, quien partió a destiempo. Él y los demás compañeros de aquella fiscalía me dieron espacio para trabajar y hasta para equivocarme; después me ayudaron a corregir y a crecer. Con su ejemplo aprendí que la autoridad puede ejercerse con firmeza, prudencia y sentido humano, y que orientar sin humillar es una de las formas más generosas de enseñar.
Mi decisión de participar en el concurso nació de un momento que todavía recuerdo con claridad. Una mañana, mientras me alistaba para ir a trabajar, escuché a Aura Celeste Fernández, entonces directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, asegurar públicamente que el proceso sería transparente. Pensé que una mujer con su trayectoria y credibilidad no avalaría un proceso carente de transparencia. Esa certeza me animó a presentar mis documentos.
Después llegó la formación. Fueron meses intensos de estudio y prácticas que nos obligaron a madurar con rapidez. Tuvimos el privilegio de aprender de especialistas nacionales e internacionales. Alicia Sangro Blasco, Cristóbal Rodríguez Gómez y Odalys Otero Núñez, junto con integrantes de la Escuela y otros docentes, dejaron una huella profunda en nuestra preparación. De ellos aprendimos algo que aún conserva plena vigencia: el fiscal es un servidor público. Debe actuar con objetividad, proteger a las víctimas y respetar las garantías procesales mientras cumple su responsabilidad de perseguir el delito.
La verdadera escuela comenzó al llegar a las fiscalías. Allí descubrimos que el derecho escrito no siempre ofrece respuestas sencillas a los conflictos humanos. Vinieron entonces las primeras audiencias, los turnos que parecían no terminar y las investigaciones realizadas con recursos limitados. Fue en ese escenario donde comprendimos que cada decisión exige prudencia, porque puede cambiar la vida de una persona.
Veinte años permiten mirar atrás con mayor honestidad y reconocer que también nos equivocamos. Éramos jóvenes y nos faltaba experiencia; algunas decisiones que entonces parecían correctas hoy podrían valorarse de otra manera. Ascender y acumular años de servicio son apenas una parte del recorrido. La carrera se construye, sobre todo, al reconocer los errores, aprender de ellos y seguir sirviendo con humildad.
La primera promoción formó parte de un cambio que no terminó con nuestro ingreso. Con los años, el sistema de carrera fue consolidando una ruta institucional sustentada en el mérito, la formación y la evaluación. Desde entonces, integrantes de aquella promoción han asumido investigaciones complejas, participado en reformas y contribuido a formar a quienes llegaron después. Otros han servido desde fiscalías, procuradurías regionales, áreas especializadas o espacios docentes.
A agosto de 2026, permanecemos activos setenta y cinco de los cien egresados, lo que equivale al 75 % de la promoción original. Dos décadas después, esa permanencia permite apreciar la continuidad y los resultados de una política institucional de formación que ha acompañado el desarrollo de la carrera. Quienes optaron por el ejercicio privado también han construido trayectorias reconocidas en la abogacía, la consultoría y la docencia. Haber salido de la institución no los aparta de esta historia ni reduce el significado de lo que hicimos juntos.
La mayoría aún no ha cumplido cincuenta años. Somos relativamente jóvenes, aunque llevamos dos décadas observando desde dentro la evolución del Ministerio Público. De ahí que podamos llamarnos, sin exageración, jóvenes veteranos. En este tiempo cambiaron las leyes, las autoridades y la manera de investigar. La tecnología adquirió un peso que apenas imaginábamos en 2005; aparecieron nuevas modalidades delictivas y ahora nos preparamos para aplicar un nuevo Código Penal. Desempeñar el cargo de fiscal hoy exige un grado de especialización muy distinto del que teníamos al entrar a las aulas.
El recorrido también ha dejado momentos dolorosos. Algunos compañeros fallecieron antes de llegar a este aniversario; otros atravesaron enfermedades graves o pérdidas familiares. Mientras tanto, vimos crecer a nuestras familias, cambiaron nuestras prioridades y aprendimos a mirar la vida de otra manera. El Ministerio Público nos dio la oportunidad de servir al país y nos dejó amistades que han resistido el paso del tiempo. A cambio, recibió una parte importante de nuestra juventud: fines de semana, madrugadas y celebraciones familiares que muchas veces tuvimos que dejar a un lado.
Al cumplirse veinte años de nuestra graduación, es justo agradecer a quienes hicieron posible aquella experiencia. Las autoridades asumieron el desafío de convocar el primer concurso, y la Escuela Nacional del Ministerio Público llevó sobre sus hombros la tarea de formarnos. A sus directivos, evaluadores, docentes y personal administrativo les debemos una parte importante de este recorrido. También a nuestras familias, que compartieron los sacrificios propios del servicio público. Aura Celeste Fernández merece un reconocimiento especial: su palabra pública inspiró confianza en muchos jóvenes que quizá no habríamos participado sin aquella garantía de transparencia.
Veinte años después, seguimos en pie, con más experiencia, algunas canas y una comprensión más serena del poder y de la responsabilidad. Recibimos una oportunidad histórica y hemos procurado responder a ella desde el trabajo cotidiano y la vocación de servicio. Conmemorar este aniversario implica algo más que mirar hacia atrás. Debemos contribuir a mantener abiertas las puertas de la carrera, con reglas claras, respeto al mérito e igualdad de oportunidades para las nuevas generaciones. Así honraremos a los compañeros que ya no están y contribuiremos a dar continuidad a una transformación institucional de la que aquella primera promoción tuvo el privilegio de formar parte.
