Padre Luis Rosario siente preocupación por posible aprobación despenalización de aborto

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SANTO DOMINGO.- El coordinador de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica, padre Luis Rosario, dijo este viernes sentir  preocupación por la situación que se ha producido en torno a la despenalización del Aborto en el nuevo Código Penal, próximo a entrar en vigencia.

Destacó que defender la vida es un imperativo categórico del Estado y es al Tribunal Constitucional al que le corresponde, en una instancia privilegiada, como garante de la Constitución y protector de los derechos fundamentales, decir la última palabra irrevocable para corregir el entuerto producido.

Recordó que en enero de este año  fue depositada ante el Tribunal Constitucional una “Acción Directa de Inconstitucionalidad” para contravenir la supremacía de la Constitución Dominicana contra la Ley 550-14, mediante la cual se instituye el Código Penal de la República Dominicana, referida en la expresión “salvo lo dispuesto en el artículo 110”, del artículo 10.

Explica el sacerdote en  una carta dirigida a los jueces del Tribunal Constitucional y enviada a El Nuevo Diario, que la “Acción Directa de Inconstitucionalidad”  es para detener  la violación a los artículos 101 y 102  de la Constitución Dominicana, relativos a la creación y aprobación de las leyes por parte del Congreso Nacional.

También para frenar la violación al artículo 37, relativo al derecho a la vida y su  inviolabilidad desde el momento de la concepción hasta la muerte, y el artículo 68, ambos de la Constitución Dominicana.

Dijo que esa situación, creada por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, se debe “a que se ha  producido una coyuntura muy incómoda en relación al orden institucional establecido en el Estado dominicano, además de elementos de principio en relación al valor, en sí mismo, de toda vida humana, objetado por algunas corrientes sociales”.

El Estado no es dueño de la vida, es sólo el garante de su defensa

El padre Luis Rosario manifestó en su misiva que cuando el Estado y sus  autoridades, a través de sus códigos y leyes o su actuación al margen de la institucionalidad y principios éticos, trasgreden el derecho a la vida, desde la concepción a su muerte natural, van más allá de su propia competencia y de su razón  de ser, que es la de tutelar este derecho fundamental.

Afirmó que no cabe duda de que la Constitución ha sido manipulada en forma caprichosa a lo largo de su historia Republicana, respondiendo a intereses de particulares.

“La Constitución ha sido sometida a los vaivenes políticos del momento y a criterios que califican de avanzada progresista y liberal la introducción de elementos que catapultan el derecho fundamental de la vida o el matrimonio y la familia.