Obama nomina a un juez progresista para desafiar a una Corte Suprema conservadora

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Barack Obama ha desafiado a la mayoría republicana del Senado con el nombramiento de un juez federal de apelaciones progresista para sustituir al fallecido Antonin Scalia. Merrick Garland, el nuevo candidato, es conocido por llevar en numerosas ocasiones al gobierno de Washington ante el Tribunal Supremo.

El elegido por la Casa Blanca, según fuentes del ejecutivo, debe enfrentarse ahora ante la misión casi imposible de vencer a la bancada republicana del Senado, que manifestó su intención de boicotear al candidato de Obama para el tribunal más importante del país. Su elección se sitúa en el centro de la desagradable disputa entre  los demócratas del Gobierno y la oposición republicana que controla las dos cámaras del Congreso. 

A sus 63 años, Garland era el candidato más veterano de la pequeña lista que Obama barajaba para el máximo cargo judicial. “Tiene más experiencia en la profesión que cualquier otro nominado a la Corte Suprema de la historia”, afirman desde la Casa Blanca. Los senadores republicanos apelarán a su edad para no someter todavía a ninguno de los candidatos del presidente a votación, mientras reúnen los argumentos necesarios para combatir a Garland y a su extensa trayectoria.

Garland preside la Corte Federal de Apelaciones de la Corte de Washington DC, un puesto tradicionalmente conocido como el campo de entrenamiento para futuros jueces del Tribunal Supremo. Fue nominado para la corte de la capital por Bill Clinton en 1997.

Quizá no es un buen presagio recordar aquella candidatura en el Senado –por entonces controlado también por los republicanos–, que tomó 18 meses antes de completar el proceso de votación. En ese momento recibió un apoyo mayoritario de 76 votos sobre 23, con 32 republicanos a su favor. 

Esta es la tercera vez que Obama ha pensado en Garland para ocupar el asiento principal de la corte: también participó en las carreras que impulsaron el liderazgo de Sonia Sotomayor en 2009 y Elena Kagan en 2010. En ese año, el senador republicano Orrin Hatch de Utah, el miembro más veterano del Senado de los EEUU, se refirió a Garland como “un candidato de consenso”. Un hecho que Obama no va a dejar escapar para anotar en su contador. 

En la ceremonia de su nominación, la Casa Blanca citó a varios líderes conservadores, como el presidente actual de la Corte Suprema, para destacar el respeto de la comunidad judicial por su candidato. John Roberts, antiguo compañero de Garland en DC, dijo una vez que “si el juez Garland discrepa contigo, sabes que estás en terreno peligroso”.

Garland, nacido en Chicago, se graduó con honores en la facultad de Derecho en Harvard, pero cambió el dinero por el menos lucrativo y mucho más emocionante mundo de la fiscalía criminal pública. En 1995, inmediatamente después del atentado sobre un edificio federal de Oklahoma City, que provocó 168 muertos, fue destinado a la ciudad para dirigir las primeras etapas del caso. El reconocimiento y los aplausos llegaron cuando consiguió reunir enormes cantidades de pruebas que condujeron a la acusación de Timothy McVeigh y Terry Nichols. También fue clave en el procesamiento del Unabomber, Ted Kaczynski.

Heredó su pasión por la justicia del magistrado liberal del Tribunal Supremo William Brennan, que fue el precursor de muchas medidas progresistas como la oposición a la pena de muerte y el apoyo al derecho al aborto. Garland ha tenido numerosas oportunidades para usar esta influencia progresista como presidente de apelaciones en Washington donde, debido su localización, ha arbitrado en varios casos importantes contra el gobierno federal.

Entre ellos está la sentencia de 2008 en la que el tribunal de apelación, con Garland a la cabeza, dio un golpe a la detención por parte del gobierno de Bush de los denominados “combatientes enemigos” en Guantánamo sin ninguna supervisión de los tribunales civiles. La decisión judicial ordenó al Ejecutivo estadounidense enviar los casos de los musulmanes chinos conocidos como uigures a los juzgados civiles.