La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció que apelará por considerarla plagada de severas irregularidades la resolución judicial que la obliga a desembolsar más de RD$7.5 millones a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, imputado en la presunta red de corrupción que involucra a Hugo Beras y Jochi Gómez.
Según detalló la representación del órgano persecutor, la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió dicha sentencia a pesar de haber sido desapoderada de la causa el 24 de octubre de 2025. Para esa fecha, el expediente pasó a la jurisdicción del Sexto Juzgado de la Instrucción, instancia que celebró la audiencia preliminar y ordenó el auto de apertura a juicio.
Los fiscales anticorrupción Jonathan Pérez y Miguel Collado sostuvieron que la magistrada incurrió en una abierta desnaturalización de la figura del astreinte, fijando una cuantía desproporcionada que busca transformarse en un resarcimiento a beneficio de un procesado por delitos contra el Estado.
«Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación», puntualizó el fiscal Pérez, quien añadió que el tribunal penal que conoció la solicitud tampoco poseía atribuciones de carácter administrativo para evaluar el reclamo del dispositivo telefónico.
La resolución en cuestión ordena el pago de RD$7,560,000.00 por concepto de liquidación de astreinte sobre bienes que el acusado ya tiene en su poder, sumado a la exigencia de devolución de un teléfono móvil marca Samsung S3, cuyo precio estimado en el mercado no supera los RD$3,000.
El contexto del proceso judicial
Dentro del expediente accusatorio, a Álvarez Carbuccia se le atribuye la expedición de certificaciones de disponibilidad presupuestaria falsas dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
En el caso principal, las autoridades señalan a Hugo Beras por haber facilitado adjudicaciones irregulares a sociedades comerciales sin solvencia técnica mientras ejercía la dirección del Intrant, además de intervenir en la manipulación de la red de semáforos y las cámaras de monitoreo. Por su parte, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) es imputado como el principal beneficiario de contratos fraudulentos mediante las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, al tiempo que se le imputa el control operativo, espionaje y sabotaje del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
El grupo en su totalidad fue enviado a juicio de fondo el pasado 5 de junio tras la acusación formulada por el Ministerio Público por desfalco, lavado de activos, estafa contra el Estado, asociación de malhechores, contrabando, violaciones a la Ley de Armas, uso de documentos privados y delitos informáticos de alta tecnología. La audiencia para el inicio del juicio está pautada para el próximo 11 de agosto ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
