La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reiteró que las pretensiones de Jean Alain Rodríguez Sánchez de evadir las pruebas en su contra mediante un recurso de extinción de la acción penal resultan jurídicamente improcedentes, recordando que dicho pedimento ya fue rechazado anteriormente por los tribunales.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular interina de la Pepca, enfatizó que es inviable que un juez emita un fallo de extinción en una causa de esta magnitud. Explicó que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el artículo 146 del Código Procesal Penal, el cómputo del plazo no es un cálculo meramente matemático, sino que debe sopesarse en función de la complejidad y volumen del expediente.
«Pasamos, prácticamente, tres horas para que el tribunal les estableciera nueva vez que solo disponían de dos horas para la presentación de su incidente», señaló Ortiz en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al denunciar que la defensa del exprocurador buscaba ampliar el tiempo reglamentario para retrasar el inicio del debate sustantivo.
Durante la audiencia, las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, acogieron el pedimento del Ministerio Público y rechazaron la solicitud de la defensa para extender el plazo otorgado.
Tras una pausa al mediodía y la posterior presentación del pedimento en horas de la tarde, el tribunal fijó el aplazamiento de la audiencia para este miércoles 29 de julio de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Una presunta red de desfalco estatal
El equipo de litigación del Ministerio Público está integrado por Mirna Ortiz, el procurador adjunto Wilson Camacho —titular de la Dirección General de Persecución—, y los fiscales Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
Según la acusación formulada por el órgano persecutor, Jean Alain Rodríguez habría malversado más de RD$6,000 millones mediante esquemas y licitaciones fraudulentas entre los años 2016 y 2020, periodo en el que ejerció la titularidad de la Procuraduría General de la República.
En el expediente figuran como coimputados:
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Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jhonatan Joel Rodríguez Imbert.
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Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
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Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
El grupo enfrenta cargos graves de corrupción administrativa que abarcan estafa contra el Estado, desfalco, soborno y lavado de activos.
