SANTO DOMINGO. Los abogados de un grupo de militares acusados por el Ministerio Público de constituir una asociación de malhechores, que introdujo y comercializó unas 220 armas de fuego de manera irregular, defendieron su legalidad, asegurando que la Dirección General de Aduanas cobró todos los impuestos para su importación.
Salvador Potentini y Pedro López, abogados del general Bienvenido Cordero Batista, calificaron de populismo del procurador General, Francisco Domínguez Brito, las acciones en contra de su defendido. Cordero Batista era el director general de Material Bélico del Ministerio de Defensa, de donde lo cancelaron a finales del año pasado, supuestamente por negligencia, indicó su abogado.
También Víctor Féliz y Virgilio Martínez, abogados del primer teniente Edwin Almonte Camacho, y de José Miguel Torres, empleados de Material Bélico, reiteraron que todas las armas entraron al país de manera legal.
En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público acusa a los siete militares, incluyendo a Pedro Manuel Guzmán Escarramán, dueño de la Armería Heptágono, donde se comercializaban las armas, de asociación de malhechores; porte, tenencia y comercio ilegal de armas; y violación a la ley 267-08 sobre terrorismo. La medida de coerción que se conocería ayer se reenvió para el lunes para que los abogados conozcan el expediente.
