Las exoneraciones del corredor de la muerte en Estados Unidos se incrementan dramáticamente. Desde 1973, se ha declarado inocentes a 185 personas, treinta de ellos en el estado de Florida que tiene los peores índices de ese país. Hace unos días, Julius Jones, que iba a ser ejecutado por un crimen que asegura no haber cometido, logró que el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, conmutara su pena ante una enorme presión mediática por un nuevo juicio.
El caso de Jones, un hombre negro que tiene casi veinte años en prisión y que fue condenado a muerte tras haber sido declarado culpable del asesinato de Paul Howell, tomó enorme relevancia en los medios de comunicación cuando sus abogados y allegados difundieron detalles claves de los vicios de un proceso cuestionado por ausencia de pruebas veraces, una débil e inexperta defensa, por prejuicios raciales y por mala conducta comprobada de la fiscalía. Un documental de ABC titulado ‘The Last Defense’, logró que la historia de Julius Jones cambiara minutos antes de su ejecución.
La duda razonable, que en ciertos sistemas judiciales de Estados Unidos se argumenta de forma maliciosa para condenar a pena de muerte a acusados por crímenes brutales burlando el principio básico de la presunción de inocencia, fue utilizada en el caso de Jones para que se lograra conmutar su pena ante la falta de evidencias que ubicaran al acusado en la escena del crimen. Pero, además, en este caso se produjo incluso la confesión del propio autor del asesinato, Christopher Jordan, quien habría admitido haber matado a Howell tras ocultar el arma en la casa de Jones, algo que ahora la defensa de Jordan niega que hubiera sucedido.
La familia de la víctima, como suele suceder en estos casos, señala a Jones como culpable del crimen y busca que se ejecute su sentencia lo antes posible. Resulta difícil colocarse en el lugar de aquellos que han sufrido la muerte brutal de un ser querido frente a una persona a la que la fiscalía acusa con supuesta convicción, y, de alguna forma, imagino que una sentencia en ese sentido logrará aplacar un poco aquel dolor inmenso, o al menos instalará en ellos la sensación de que se ha hecho justicia, de que el culpable recibirá el castigo que merece y ellos dormirán en paz. Sin embargo, me pregunto: ¿dormirán de verdad en paz cuando existen dudas sobre la responsabilidad de un acusado, juzgado o sentenciado? ¿Se puede hallar consuelo en una sentencia que podría llevar a la muerte a un inocente mientras el culpable sigue en libertad?
El sistema judicial penal de Estados Unidos mantiene aún vigente la pena de muerte en 24 estados. En diciembre de 2020 había 2.591 personas en el corredor de la muerte. Desde 1976, se ha ejecutado a más de 1.500 personas.
Si la justicia está viciada por el error humano, por corrupción o por la presión electoral de encontrar y sancionar lo antes posible a “un culpable” y no necesariamente “al culpable” de un hecho criminal, no existe verdadera justicia.
