Abogado- Constitucional
“No existe un filtro adecuado de casos que llegan al TC”.
“El principal problema que existe entre el sistema de justicia ordinario y el régimen constitucional es que muchas veces los jueces ordinarios prefieren aplicar sólo la ley, ignorando los mandatos constitucionales”. Esto lo atribuye Perdomo a la cultura autoritaria y la convicción de que la Constitución no obliga, sino la ley. “Muchos jueces continúan esta tradición y eso tiene como consecuencia que no son respetados los derechos constitucionales de los ciudadanos que acuden a los tribunales buscando justicia.
El abogado destaca el desempeño del Tribunal Constitucional (TC) en cuatro años y medio de operaciones, tiempo en el que ha evacuado 1,728 sentencias, un ritmo respetable, a su juicio, pero advierte sobre una crisis a camino.
“En el sistema de justicia constitucional se está tejiendo una crisis”. La razón es que el TC recibe muchos más casos que los que puede fallar. Esto así, porque no existe un filtro adecuado y el Tribunal tiene que recibir cada caso que le llega y, tomar una decisión al respecto, explica.
Por ello , Perdomo entiende necesario que se busquen filtros para evitar que todos los casos lleguen al TC. “De no lograrse, es inevitable que el tribunal se vea afectado por una acumulación de trabajo imposible de resolver. También es necesario que los tribunales ordinarios tramiten rápidamente los recursos que le son depositados que ellos tienen la responsabilidad de enviar al TC”.
Otro aspecto que señala el abogado es que algunas personas han querido abusar de este sistema, procurando que se convierta en sustituto de los poderes democráticos y advierte que el mal uso de los poderes de un tribunal constitucional puede ser una amenaza grave para un sistema democrático.
Abogado- Laboral
“Se trabaja con un personal escaso y mal remunerado”.
El ex vicepresidente de la República, abogado especialista en materia laboral, Rafael Alburquerque, advierte de varias situaciones que afectan esa materia, las que atribuye a las deficiencias propias de todo el sistema de justicia dominicano: “escasos recursos para poder prestar un servicio eficiente”, resume.
En primer lugar, Alburquerque señala el número reducido de jueces en Departamentos y Distritos Judiciales que funcionan con un cúmulo de expedientes que desborda su capacidad de respuesta.
Destaca el hecho de que en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo los jueces, en las distintas materias, tienen que conocer más de veinte casos diarios.
Pero a esa realidad se suma el que, en los tribunales se debe trabajar con un personal de apoyo escaso y mal remunerado, de ahí las quejas constantes de los integrantes del Poder Judicial para que se le asigne un mayor presupuesto.
En tercer lugar, señala la gestión ineficiente de los tribunales laborales por la ausencia de tecnología.
“La legislación autoriza a que los secretarios de los tribunales notifiquen los actos procesales. Los abogados lo siguen haciendo, en vista de que aquellos no cuentan con las facilidades para cumplir su misión”, dice Alburquerque, uno de los redactores del Código Laboral Dominicano.
También señala que “la falta de fondos impide que se cumpla la misión previa de la conciliación, pues debería haber verdaderos conciliadores, formados y bien pagados, que ejecutaran esta labor”. Lamenta que en el diálogo tripartito se acordaron algunas reformas al procedimiento, pero que sin el apoyo presupuestal sería magro lo que pueda obtenerse en ese sentido.
Abogada- Familia y Menor
“Las fiscalías deben dar un mejor servicio, humanitario”.
“En el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, sala civil, el equipo técnico que da apoyo al Tribunal entero y a la Corte, debe tener un espacio adecuado para hacer su trabajo holgadamente, más personal y los test psicológicos más modernos”, comenta la abogada Jorge Mera.
Afirma que muchas veces el Ministerio Público no lleva a cabo un proceso en conciliación como tal, sino que toma “parte” a favor de uno u otro, presionan, amenazan o manipulan, para que se concilie, aunque una de las partes no esté de acuerdo. Cuestiona que en casos civiles de guarda, visitas, suspensión de autoridad parental y filiación, el Ministerio Público no se presenta a las audiencias.
“En cuanto a la Fiscalía de Niñez, Adolescencia y Familia del Distrito , a pesar de que fue remodelada (la edificación), ni siquiera me gusta ir. El personal debe tener un mejor servicio, humanitario”.
También le preocupa la revictimización de los menores, pues se permite que padres y madres utilicen a sus hijos haciendo denuncias infundadas. “En esa fiscalía además se toman decisiones que le competen a la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Se despoja de la guarda a una madre o padre, cuando eso le compete al Tribunal”.
Con el tema de las sustracciones de menores, Jorge Mera cree que Conani necesita más personal para ocuparse satisfactoriamente de los casos; y con las adopciones, no se explica el por qué tanto misterio, burocracia y tardanza, pues las solicitudes se tardan más de dos años. También cuestiona que en los juzgados de paz que conocen fijaciones de pensiones alimentarias, la falta de personal dificulta las investigaciones para determinar los ingresos de las partes; y critica que a esos juzgados se envíen jueces interinos que no están capacitados en la materia, pues eso afecta los procesos.
Abogado- Inmobiliario
“Hay que evitar designar jueces que no sepan de esa materia”.
Para el abogado Héctor Alies es incuestionable que el sector inmobiliario dominicano incrementó sustancialmente en las últimas décadas, pero todavía se deben atender con prontitud cambios normativos que permitan disminuir los vacíos legales existentes y las contradicciones reglamentos – ley, principalmente en lo que concierne al ámbito jurisdiccional.
Como puntos favorables, destaca que se trata de la jurisdicción más moderna en términos de tecnología, y menciona la puesta en funcionamiento del Data Center, la creación del Sistema de Gestión Documental y Archivos de la Jurisdicción Inmobiliaria (SIRCEA) y de las Salas de Consultas, diseminadas a nivel nacional.
“Desde el punto de vista reglamentario y dadas las críticas a la duración del deslinde, debe destacarse la creación de la figura de la regularización parcelaria, en donde solo debe mediar el mutuo acuerdo para lograr la correcta ubicación, determinación e individualización de una porción de parcela, sin pasar por la fase judicial.
Pero los avances no son suficientes. “Los grandes problemas del órgano técnico pasan por el deficiente control cartográfico y parcelario…El inicio tardío del proyecto de vectorización y georreferenciación de parcelas históricas detectó un gran número de saneamientos superpuestos y deslindes fuera de su parcela de origen que afectan derechos registrados”.
A Alies le llama la atención el poco uso de la figura del diagnóstico catastral de parte de las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales, así como la diferencia de criterios en los jueces inmobiliarios pro derecho civil y los pro autonomía de la jurisdicción.
Considera que el Poder Judicial debe evitar designar o trasladar jueces que no conozcan de esta área, pues el tiempo de aprendizaje disminuye la calidad y capacidad de respuesta.
