Recientemente los ex-candidatos presidenciales que terciaron en las elecciones de mayo del 2016, con excepción del candidato del gobierno, sometieron un documento por ante el Procurador General de la Republica Dr. Francisco Domínguez Brito, en el cual solicitaban que fuera investigado Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral y basado en los hechos ocurridos en las elecciones de mayo de 2016, consistente en: dislocación voluntaria de votantes, renuncia inducida de técnicos, desorden anticipado de elecciones, dislocación del conteo, alteración de actas de asiento de votos, parcialidad manifiesta a los candidatos del gobierno, complicidad con los miembros del TSE, todo con el propósito de variar el resultado de la voluntad popular según los denunciantes.
Los hechos puestos a cargo de Roberto Rosario son graves y no pueden pasarse por alto, porque de no tomar en cuenta la solicitud de investigación realizada por los ex candidatos, la espiral de violencia, robo, asalto y otras infracciones, seguirán creciendo, porque no tendría calidad el Procurador General para hablar de investigación de infracciones cuando de manera pública a una persona funcionario público se le acusa de más de 20 infracciones y el encargado de la persecución penal no hace nada.
Muchos especialistas han advertido que el Procurador General debe escuchar las quejas de los reclamantes de investigación, porque si no la escucha, y Roberto Rosario Márquez se marcha a su casa sin ser investigado y de igual forma los miembros del TSE, entonces es claro que en la República Dominicana la Ley no tiene valor y que sólo se le aplica a los de abajo, a los hijos de machepa como dijo Juan Bosch y no a los grandes infractores que han puesto al país al borde de una guerra civil y que han causado el auge de una delincuencia inducida por dos razones: Primero, por los opositores que entendieron que fueron perjudicados y que ahora se dedican a desestabilizar la nación y segundo, por la falta de respeto y justicia que hay en este país.
Respuestaprocesal.com.do llama al Procurador General a despojarse de su condición política como miembro del Partido de Gobierno y a dejar sentado un ejemplo histórico por lo menos investigando a requerimiento de las víctimas a los infractores de la JCE y del TSE, porque de no hacerlo debiera ya renunciar de sus funciones y reconocer de manera pública que sus niveles de seriedad chocan con los compromisos políticos y por esa razón renuncia.
