Santo Domingo. Experiencia y lozanía se conjugan en la integración del Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís, que hoy dictará sentencia a los acusados del asesinato de la adolescente Emely Peguero, hecho ocurrido en agosto de 2017.
Dos magistradas que llevan nueve años impartiendo justicia, y un juez que apenas tiene un año y siete meses, son los que tienen bajo su responsabilidad emitir el veredicto sobre un crimen que conmocionó al país, por el cual están acusados Marlin Martínez, y su hijo Marlon, quien era el novio de la víctima.
María de los Ángeles Concepción, la presidenta del tribunal, y la jueza Carminia Caminero Sosa, quien lo integra, egresaron en 2009 de los programas de formación de jueces de la Escuela de la Judicatura, que es la puerta de entrada al Poder Judicial, previo a someterse a un concurso de oposición.
En las evaluaciones de desempeño que realiza el Consejo el Poder Judicial (CPJ) cada año, esas magistradas han obtenido altas puntuaciones, entre 99 y 100, según se verifica en las publicaciones que hace el CPJ.
Concepción inició su carrera judicial en el Juzgado de Paz de tránsito de San Francisco de Macorís, de donde ha ido ascendiendo paulatinamente hasta llegar a presidir un tribunal colegiado.
Caminero Sosa comenzó su carrera judicial por el Juzgado de Paz de Nagua y al igual que su colega y compañera de estrado ha ido escalando, hasta ser promovida hasta la posición que ocupa. El Juez de Paz es el cargo de menor jerarquía en el Poder Judicial.
Mientras, el juez Víctor Alfonso Ynoa Gómez se graduó en la promoción de la Escuela Nacional de la Judicatura correspondiente a marzo de 2017, siendo asignado en el juzgado de Arenoso, de la provincia Duarte.
Estos jueces fueron recusados por la defensa de Marlon Martínez, al inicio de la etapa de juicio de fondo, pero fue rechazada por la Corte de Apelación de San Francisco, por lo cual pudieron seguir conociendo el caso. Se alegó que con “sus gestos”, los magistrados manifestaron parcialidad.
Antes de que la Corte de Apelación se pronunciara, ya los magistrados habían rechazado esa recusación. Y el mismo día que se presentó, la presidenta del tribunal advirtió al representante del imputado que la recusación no debe ser para interrumpir o dilatar los procesos, dando a entender que la impugnación que se les había presentado tenía ese propósito.
