La justicia dominicana dictó su primera sentencia aplicando la normativa de extinción de dominio sobre tres vehículos incautados en La Vega. Las autoridades comprobaron que los camiones y el minibús en cuestión eran utilizados como instrumentos logísticos para el transporte ilegal de cargamentos de cigarrillos.
La Cámara Penal de la Corte de Apelación vegana ratificó la entrega oficial de estos bienes al Estado, inaugurando la aplicación práctica de la Ley 340-22. Este avance legal es el resultado directo de las directrices de la Unidad de Extinción de Dominio, creada por el Consejo Superior del Ministerio Público que lidera la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
Los fiscales especializados, en conjunto con los representantes de la Procuraduría Regional de La Vega, sustentaron el expediente demostrando las actividades delictivas en las que participaban las unidades operativas del contrabando. Las pruebas confirmaron que los bienes confiscados violaban el marco regulatorio nacional.
El dictamen judicial detalla las características de los activos recuperados: un camión Mack de 1996 y un camión EICHER del año 2021 (modelos MS300P y PRO3008G), pintados de azul y blanco. El tercer bien incautado es un minibús marca Toyota, modelo Town ACE, fabricado en el año 2019, que también pasa a control estatal.
La incautación original de la flotilla vehicular se produjo durante una inspección en carretera el 4 de julio de 2025 en la demarcación de La Vega. En esa acción participaron de manera unificada la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito y los oficiales del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).
Con este precedente judicial, el Ministerio Público ratificó que mantendrá una postura estricta en el desmantelamiento financiero de las redes delictivas. Las autoridades recordaron que el espíritu de la Ley 340-22 busca precisamente recuperar a favor del erario público todos los activos y ganancias acumuladas a través de la delincuencia transnacional o local.
