Santo Domingo. Si bien es cierto que el tribunal especial de atención a drogodependientes en conflicto con la ley viene a dar respuesta a una problemática social, no menos ciertos es que la falta de recursos económicos del Poder Judicial impide ampliar el número de beneficiarios.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional es el único que implementa el Programa de Tratamiento Bajo Supervisión Judicial (TSJ) y aunque la idea es extender el proyecto a todas las jurisdicciones del país por falta de recurso por el momento ni en la jurisdicción de adolescentes se puede implementar.
Para dar respuesta a las 30 personas que forman parte de la iniciativa, el tribunal solo cuenta con un trabajador social y un psicólogo los cuales son subsidiados por el Consejo Nacional de Drogas y/o el Centro de Atención Integral a Dependencias (CAID).
La magistrada Kenya Romero Severino explicó que hay un elevado número de adolescentes en riesgo de estar en conflicto ya que consumen sustancias controladas, lo cual es un detonante que los lleva a delinquir.
Entiende además que ampliar los TSJ en todo el país debe de ser una política estatal porque el ciudadano tiene derecho a que se le atienda en justicia en partiendo de su condición.
Señala que otra de las dificultades es la falta de protocolos claros de abordaje a los adictos a sustancias controladas, sobre todo en sedes policiales, donde reciben bastantes maltratos porque hay una cultura de estigma hacia ellos.
“Esta iniciativa el Poder Judicial lo asume dentro de su mismo presupuesto y ya sabemos que el presupuesto del Poder Judicial ni siquiera satisface las necesidades mínimas vitales del engranaje de justicia como tal”, resaltó Romero Severino.
