Exvicepresidenta de Guatemala en primera audiencia por corrupción

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Guatemala. Por momentos serena, a ratos incómoda y encomendada a Dios, la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti encaró ayer la primera audiencia por el caso de corrupción que le costó el cargo, en la que fue acusada de integrar una red que habría defraudado más de 3,7 millones de dólares al Estado.

Vestida con una chaqueta azul y una camisa blanca, Baldetti, que a veces dialogó con su abogado Mario Cano, escuchó atenta las pruebas que presentó el Ministerio Público (MP) en su contra.

En una fotografía filtrada por algunos medios de comunicación se observa como Baldetti optó por encomendarse a Dios, anotando un Padre Nuestro, además de algunas cifras y fechas anotadas en unas hojas de papel blanco en las que en ocasiones escribía.

Ingrid Roxana Baldetti Elías, quien ocupó la Vicepresidencia de Guatemala desde el 14 de enero de 2012 hasta el 8 de mayo pasado, cuando renunció salpicada por el escándalo de corrupción aduanera denominado «La Línea», se negó a prestar declaración.

«En este momento no voy a declarar señor juez», dijo la antigua vicepresidenta cuando fue su turno de dar explicaciones durante la audiencia judicial.

El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, había explicado que ella tiene el derecho de declarar o no.

Al inicio de la audiencia Baldetti se limitó a dar sus datos generales: dijo que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y madre de dos hijos, uno de 26 y otro de 23 años.

La diligencia acaparó una cobertura sin precedentes y la sala donde se desarrolló se quedó pequeña ante la cantidad de medios de comunicación, muchos de los cuales se instalaron en el pasillo en donde el Organismo Judicial colocó una bocinas para que escucharan todo el proceso.

Las medidas de seguridad fueron reforzadas de manera inédita en el juzgado y los periodistas no podía acercarse a la ex alta funcionaria.

Baldetti fue trasladada a la Torre de Tribunales a primeras horas de este lunes desde el cuartel militar Matamoros, donde fue recluida el pasado viernes tras su detención en un centro asistencial privado por agentes del MP con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La escuchas telefónicas que presentó como pruebas la Fiscalía van revelando, de a poco, cómo se negociaba la repartición de los recursos de la defraudación.

Según las investigaciones, entre mayo de 2014 y abril pasado la red ingresó 1.561 contenedores que les habrían generado más de 28,5 millones de quetzales (3,7 millones de dólares).