SANTO DOMNGO.- El exjefe de la Policía Nacional, mayor general retirado doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, consideró que la adecuada solución de los reclamos relativos a derechos adquiridos y protección policial son determinantes para la implementación exitosa de la nueva legislación, para proteger a la ciudadanía ante el crimen y el delito sin afectar los derechos de los agentes.
Pérez Sánchez informó que se deben tomar en consideración seis retos al redactar los reglamentos a fin de actuar con justa equidad para mantener un clima propicio a la seguridad ciudadana.
Proteger la buena actuación policial, para reproducir modelos de conducta apegados a la ética y a la legalidad que enfrenten de manera enérgica, decidida, es el primer reto.
El exjefe policial dijo que la mayoría de esos reclamos se refieren a la necesidad de que se preserven derechos adquiridos a los que ingresaron a la institución bajo el imperio de las leyes anteriores, con lo cual se evitaría un voluminoso caudal de reclamos judiciales y que es perfectamente posible si en los reglamentos se clarifica el modo y la forma de preservar esos derechos.
Consideró también que se mantengan subsidios por más de 36 millones al año en becas educativas y otras conquistas, que forman parte del bienestar del agente de policía, con fondos provenientes del Estado, lo que se puede lograr organizando el Instituto de Bienestar Policial, ya que la nueva legislación no contempla esos programas en beneficio del policía y su familia.
Igualmente mencionó el problema de la ausencia de plazas para ascenso, y dijo que hay cerca de 500 coroneles con una edad promedio de 50 años, una oficialidad muy joven que impediría promover a las nuevas generaciones.
Abogó por la necesidad de apegarse al escalafón al seleccionar al próximo Director General de la Policía y los altos cargos de esa institución, promoviendo aquellos con mayor antigüedad en el servicio.
Mencionó además el tema del retiro forzoso, establecido a los 20 años para aquellos que han cometido inconductas en su servicio y los que se han portado bien esperar 25 años para poder solicitar su retiro voluntario, lo cual aparenta una iniquidad o al menos una evidente injusticia.
