El Ministerio Público ha solicitado formalmente la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra un inspector de control migratorio, acusado de exigir la suma de 100 mil pesos a una ciudadana a cambio de permitirle abordar un vuelo con destino al Reino de España a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El encartado en el expediente judicial es Carlos Javiel Sánchez Terrero, cuya detención se materializó tras ser sorprendido en un operativo de entrega controlada de dinero previamente autorizado por el tribunal. Tras el aplazamiento dispuesto este lunes por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, la audiencia para el conocimiento de esta medida cautelar quedó fijada para el próximo jueves 2 de julio.
Las pesquisas del caso se encuentran bajo la dirección técnica de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, contando además con la colaboración de los equipos operativos de la Dirección General de Migración (DGM).
Detalles de la entrega controlada
La detención del funcionario se ejecutó en los alrededores de un establecimiento comercial en el momento exacto en que se disponía a recibir el dinero en efectivo. La operación de seguimiento y vigilancia estuvo liderada por el fiscal Miguel Crucey, amparada en el Auto institucional número 02535-2026, dictado el pasado 26 de junio por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
Las autoridades judiciales han enfatizado que este tipo de procedimientos forman parte de las estrategias proactivas vigentes para el combate de la corrupción administrativa y los delitos conexos en el país.
El órgano de la acusación imputa formalmente a Carlos Javiel Sánchez Terrero la comisión de delitos graves, entre los que se tipifican la violación al artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción; los artículos 175 y 177 del Código Penal Dominicano relativos al soborno; el artículo 2 de la Ley número 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; así como los artículos 2.11, 3 y 9.4 de la Ley número 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
