MADRID.— Un juez español decretó el lunes prisión sin fianza para el máximo responsable del grupo anticorrupción que presentó cargos de fraude fiscal contra la infanta Cristina ante las acusaciones de que esa organización pidió un pago de 3 millones de euros (3,4 millones de dólares) para desechar el caso y concluir el juicio.
El director de Manos Limpias, Miguel Bernad, es investigado por los delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, dijo el juez Santiago Pedraz en su fallo, en el que ordenó el encarcelamiento de esa persona y de otro implicado en la trama de extorsión ante la posibilidad de que se dieran a la fuga.
El magistrado dijo en documentos judiciales que el otro hombre, Luis Pineda, se comunicó en febrero y marzo al banco en el que trabaja Cristina y a un banco en el que el abogado de ella ofrece sus servicios, mientras proseguía el juicio contra la infanta.
Hubo una exigencia de dinero a cambio del compromiso de Manos Limpias de retirar los cargos que había presentado contra la hermana del rey Felipe VI, según los documentos.
Debido a una peculiaridad de la ley en España que permite a grupos presentar cargos contra personas si las autoridades no lo hacen, Manos Limpias acusó a Cristina de evasión fiscal sancionable hasta con ocho años de cárcel después de que los fiscales rehusaran hacerlo cuando dijeron que a lo sumo debía imponérsele una multa administrativa.
Un juez investigador apoyó a Manos Limpias y decidió que Cristina debía enfrentar juicio.
El proceso contra Cristina está en marcha en la ciudad de Palma de Mallorca. Los testimonios continuaron el lunes sin presencia de la infanta porque no es necesario en esta etapa de declaraciones de los testigos.
El histórico juicio comenzó en enero, con la comparecencia de Cristina en un tribunal donde respondió a preguntas. La infanta es la primera integrante de la familia real española que enfrenta cargos desde la restauración de la monarquía en 1975.
Cristina está acusada de no declarar como ingresos personales gastos pagados por una compañía de bienes raíces de la que era propietaria con su esposo Iñaki Urdangarín, medallista olímpico de balonmano convertido en empresario.
Urdangarín afronta en el mismo juicio cargos de malversación por 6,2 millones de euros (6,8 millones de dólares) debido a contratos para conferencias y eventos deportivos por los que supuestamente se cobraron precios inflados o jamás se efectuaron.
El esposo de la infanta, antes Duque de Palma, está acusado de aprovechar su título para obtener contratos para el Instituto Noos, sin fines de lucro, el cual dirigía con su socio empresarial Diego Torres.
Los abogados de Cristina, Urdangarín y Torres afirman que todos ellos son inocentes.
Un funcionario de la corte que habló bajo condición de anonimato como lo dictan las políticas internas no dio el nombre del abogado de Bernad.
Manos Limpias no respondió a un mensaje enviado por correo electrónico para pedir su comentario. (AP)
