El viernes 2 de diciembre del año 2016, en horas de la noche fue promulgada la Ley 690-16, que contiene el Presupuesto General del Estado Dominicano, una estimación de Ingresos del Gobierno Central que se prevé recaudar para el año fiscal 2017 y la distribución de los mismos fondos.
La Ley 194-04, contempla una partida del 2.66% del Presupuesto General del Estado para el Poder Judicial. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Dr. Mariano Germán Mejía, sometió una asignación de RD$14,329 millones para el año 2017.
En el año 2016, el Poder Judicial sólo recibió la suma de RD$5,606 millones, pero ahora le aumentaron 800 millones más, es decir, ahora el presupuesto del Poder Judicial será algo más de 6,300 millones de pesos.
Para cómo se están manejando las cosas allí, en ese Poder Judicial, que es una oficina de la tendencia del PLD, perteneciente a Leonel Fernández, eso es demasiado millones, porque ahora como esta andando la situación, aunque le den 50 mil millones, la crisis empeorará, pues hay carencia de gerencia, no hay justicia, no hay respeto a la Ley y eso no se resuelve con dinero.
En el Poder Judicial hay un grupo de jueces serios y de verdad que están sufriendo mucho el descalabro de la justicia actual, pero hay otros que están de fiesta, porque no son jueces, sino oportunista que lograron pegarse a través de algún político y llegaron a ser jueces sin tener la mas mínima capacidad para ello y eso es simplemente una barbaridad.
Si Dios no mete sus manos poderosas, la violencia social aumentará más, ya que no hay a donde ir a buscar justicia y lo poco que queda, no resuelve el problema, por la carencia y dificultades que tienen.
Respuestaprocesal.com.do. entiende que el Poder Judicial debe cesar por un tiempo, hasta que al PLD le dé la gana de dejarlo en libertad, que lo saque de la prisión oscura en que se encuentra o hasta que la sociedad no soporte más y se dé cuenta de que se ha perdido mucho y que las pérdidas son cuantiosa e insuperables y que igual que en Guatemala, una comisión de la ONU y una de la OEA, se encarguen de impartir justicia, pero deben ser persona bajo el mando exclusivo del consejo de seguridad de la ONU, y con la advertencia de que si se venden, serán llevado a la pena de muerte, por ahorca o gas letal y sin ningún procedimiento especial, o sea sobre minutas y junto con ellos a todos los que los compren.
