Editorial: Abuso de Autoridad desde las Instituciones del Estado

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El Abuso de Poder o Autoridad 

El abuso de autoridad, es un típico penal previsto y contemplado en casi todas las legislaciones penales del mundo, incluso en muchas ocasiones está tipificado en la constitución de algunos países, por la importancia y relevancia del tipo penal rechazable y atribuible al agente que lo patrocina o lo comete. También se le denomina, abuso de poder y consiste en someter  o intento de sometimiento a la fuerza a los particulares, obligándolo aunque sea de manera implícita los designios de la autoridad legítimamente constituida.

El abuso de poder o autoridad, son un conjunto de acciones, maniobras  y decisiones arbitrarias puestas en acción, que en muchos casos se refiere a la aprehensión y restricción  personal, así como a poner en marcha un procedimiento ilegal, fuera de toda lógica y en franca violación al debido proceso de Ley.

El abuso de poder puede ser contra la cosa pública o contra los particulares, en su gran mayoría el que más escandaliza, es el abuso que se comete contra los particulares, sobre todo cuando se trata de procedimientos ilegales o abusivos puestos en marcha, para el caso de la República Dominicana está descrito en el artículo 184 del Código Penal. 

El Abuso de Poder o Autoridad desde el  Poder Ejecutivo  

En la República Dominicana las instituciones públicas desde hace unos años vienen dando muestras claras y precisas de abuso de poder y autoridad contra los particulares. Un ejemplo fue lo expresado por el presidente Danilo Medina, quien preside el Poder Ejecutivo y dirige la administración pública, cuando en un discurso frente a sus seguidores admitió que ha cancelado del Estado, aquellos que no les son fieles o lo han irrespetado su figura como presidente y además puso en campaña política todas las instituciones del Estado, de una manera tan evidente y notoria que esa acción indebida produjo la división de su partido, pues los particulares también del PLD, se sintieron agredidos, abusados, pero además luego de dividido el PLD, advirtió que están acechando a todos los que se quedaron, de tal manera que hasta deben firmar un libro de lealtad, o hacer un acto público de manifestación de lealtad a Gonzalo Castillo (candidato obligado), o sea un abuso que se manifiesta con constreñimiento de conciencia y coerción a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, así como la libertad de asociación y ni hablar el abuso de poder de intervenir los teléfonos y hacer públicas conversaciones y mensajes, de supuestos enemigos y contrarios políticos al gobierno sin autorización judicial.  

Este abuso de poder de la cosa pública y en desmedro de los particulares y sus derechos electorales constitucionales,  según informe de la ONG, OXFAM, dado a conocer el día 29 de octubre del 2019, fue cuantificado en la suma de 154, 760 millones de pesos, o sea el 3.6% del producto interno bruto y dicen algunos analistas económicos que este informe se quedó corto, pues el dinero gastado en el abuso electoral lo cuantifican en el doble de esa cantidad. 

El Abuso de Poder o Autoridad desde el Poder Legislativo 

Entre los abusos más recientes está el pedimento de Reinaldo Pared Pérez, presidente del senado y de la Asamblea Nacional Dominicana (El Congreso), cuando solicitó un juicio político contra los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), por el hecho de que dieron una decisión contraria al PRD  y Miguel Vargas Maldonado, en favor de Guido Gómez Mazara

Causó revuelo en estos días la orden dada por Radhamez Camacho Cuevas, presidente de la Cámara de Diputado, la cual es parte del congreso dominicano, o sea uno de los poderes del Estado, cuando ordenó el apresamiento de un ciudadano de nombre Romero Marcial, quien cansado de los abusos y el derroche de dinero, así como la burla, si bien es cierto, pudo poner en marcha una conducta anti jurídica y culpable contra Radhamez Camacho Cuevas, al vociferarle ¨Ladrón te está bebiendo los cuarto del pueblo¨,  el procedimiento que debió aplicarse no era la aprehensión flagrante, porque en todo caso sus supuestas injurias y difamaciones, son hechos de acción pública a instancia privada, por lo que con su apresamiento flagrante, se violó el debido proceso y en consecuencia se cometió el típico ilícito abuso de poder o autoridad contra los particulares. Todo esto sucede cuando más anteriormente, el mismo Camacho hablando ante la presa quien lo cuestionó sobre la no presentación de su  declaración jurada se refirió a la Ley como ¨una vaIna¨, sin olvidar que en violación a un acuerdo firmado, Radhamez Camacho Cuevas, se impuso a la fuerza como presidente de la cámara de diputados en perjuicio del también dominicano diputado Demóstenes Martínez, abuso de poder que según se dice fue acompañado de abuso contra la cosa pública, pues se ha informado que cada voto salió carísimo para la comisión de ese hecho.  

El Abuso de Poder o Autoridad desde  Colegio de Abogados 

Sin contar con la puesta en circulación de conversaciones telefónicas entre abogados y clientes sin autorización de juez, de manera abusiva se manejan los fondos entregados por el Estado Dominicano y no hay ni siquiera un sistema de contabilidad,  ni un lugar donde ir a preguntar aunque sea por un estado de cuenta. 

Según denuncia, esa institución se maneja al antojo del presidente y cuando alguien reclama lo desacreditan por las redes sociales con unos cuantos abogados que no tienen  el más mínimo escrúpulo, que son el desecho de la sociedad y no encontrado que hacer se dedican a difamar y a sustraer los bienes del colegio a veces de manera disimulada. 

Un caso más específico, son los cientos de abogados y abogadas que aparecen registrados  como empleados en la seguridad social, con salarios que oscilan entra los 2000 y 4,500 pesos, pero que nunca han recibido un solo peso ni trabajado para ese gremio y que en la actualidad fue suspendido el seguro por defraudación fiscal,  según comunicación del instituto de la seguridad social, siendo este el acto de corrupción más vil desde el año 1994, y en el cual según investigación personales  hay más de 20 personas involucradas, sin que hasta el momento sea juzgado ese caso.

Sobre los mismos fondos ingresados al CARD, algunas instituciones tienen prohibido entregar las informaciones a los particulares interesados y muy por el contrario el Tesorero Nacional, siempre entrega una certificación de fondos, que exhiben como símbolo de pureza y trasparencia, sin que en realidad se visualice la misma, certificaciones que según fuentes muy seguras están siendo acumuladas para la apertura del proceso penal, tanto contra los autores como en contra del mismo tesorero. 

Esas misma denuncia dan cuenta de que en la Procuraduría General de la República, se ha prohibido dar informaciones, de los fondos que esta le entrega al CARD, incluso que no aparecen en la página de la PGR, después del 2018, y ni siquiera por la oficina de acceso a la información, lo que es seguro se realiza que se hace a espalda del Procurador General de la República el Dr. Jean Alain Rodríguez, quien en su gestión ha sido el más trasparente de las instituciones públicas, por lo que sería bueno, que se ordene la investigación ante de que explote  esa estafa al seguro social. 

También hablando del CARD, ahí el abuso de poder llega tan lejos que está prohibido recibir acto de alguaciles y dar respuesta de los mismos, se camina al margen de la Ley y el presidente designa a su antojo según denuncia hasta la comisión electoral, que debe ser plural para todos los participantes.  

Respuestaprocesal.com.do lamenta las continuas conductas del estado dominicano de manifestación de abuso de poder contra los particulares, incluso que la situación ha llegado tan lejos, con las intervenciones telefónicas, videos y mensajes, que ha llamado la atención de los Estados Unidos de América. Pide a los Estados Unidos iniciar con el retiro del visado a todos los funcionarios involucrados en esta práctica  e impedir que la reciban los que también estén envueltos en ella, incluido todos los funcionarios del Colegio a Abogado de la República Dominicana, que no puedan demostrar su no participación en la trama de abuso de autoridad.