Un tribunal del Distrito Nacional decidió mantener la medida de prisión preventiva contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros seis acusados vinculados a una red señalada de desfalcar con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud, como parte del proceso judicial derivado de la denominada Operación Cobra.
El procurador adjunto Wilson Camacho subrayó la magnitud de los hechos atribuidos a los imputados y sostuvo que el perjuicio ocasionado debe ser compensado. Sus declaraciones se produjeron luego de que el juez ratificara la medida coercitiva impuesta contra el exfuncionario y los demás procesados.
La decisión judicial también abarca a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes, según las autoridades, forman parte del entramado investigado.
Camacho recordó que para el día siguiente está prevista la audiencia de medida de coerción contra Ángel Luis Guzmán, vinculado a otra de las líneas de investigación dentro del mismo caso.
De acuerdo con el funcionario, las pesquisas han evidenciado que el seguro estatal fue afectado por múltiples estructuras delictivas. Indicó que una de ellas es la que actualmente se encuentra en proceso judicial, mientras que otra estaría encabezada por Guzmán. Además, señaló que existe una tercera red involucrada, aunque evitó ofrecer detalles para no entorpecer las investigaciones en curso.
El titular de Persecución explicó que el juez del Séptimo Juzgado del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, decidió mantener la prisión preventiva para todos los acusados, en línea con decisiones anteriores tomadas por otros tribunales que han conocido el caso, incluyendo instancias de apelación.
Según Camacho, la medida resulta adecuada debido a la gravedad de los hechos, destacando que se trata de uno de los casos de corrupción con mayor impacto en el sistema de salud del país.
En cuanto a los argumentos relacionados con problemas de salud presentados por la defensa de algunos imputados, explicó que estos han sido evaluados y rechazados en distintas etapas del proceso judicial.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la confirmación de la prisión preventiva impuesta en diciembre de 2025, cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión contra los principales acusados.
El equipo litigante del órgano acusador estuvo encabezado por Camacho, junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, y varios fiscales que participaron en el proceso.
El tribunal fijó para el 30 de julio de 2026 la próxima revisión de la medida de coerción.
Otros implicados en el proceso
En el marco de la Operación Cobra también están siendo procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen medidas distintas, como arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país.
Las autoridades sostienen que los imputados perjudicaron a los afiliados del Senasa mediante el desvío de fondos millonarios pertenecientes a esta aseguradora estatal de salud.
El caso se originó tras el desmantelamiento de la red mediante la Operación Cobra, tras lo cual el Ministerio Público inició el proceso judicial con el objetivo de obtener sanciones penales y recuperar los recursos sustraídos.
Entre los cargos que enfrentan los acusados figuran asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Las investigaciones han permitido identificar presuntos pagos ilícitos a gran escala, manipulación de estados financieros y la implementación de programas sin respaldo legal, utilizados para desviar fondos públicos.
El Ministerio Público sostiene que se trata de una estructura de corrupción organizada que habría operado desde la dirección ejecutiva del Senasa, en complicidad con funcionarios de la entidad y prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
