SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que concluyó la primera fase del proceso de investigación respecto al soborno por US$92 millones pagados a funcionarios públicos para ser favorecidos con obras del Estado.
Sin especificar los pasos a seguir y mucho menos informar los términos del acuerdo en donde la compañía brasileña se compromete a retribuir US$184 millones al país, el doble del dinero pagado en sobornos, el procurador Jean Alain Rodríguez, explicó que recibió la declaración de funcionarios y exfuncionarios.
Explicó que el acuerdo con la empresa que admitió haber cometido el ilícito penal, es el más alto logrado por autoridades en países de Hispanoamérica afectados por el ilícito penal y que ampliará el ámbito de la investigación para verificar y contrastar las informaciones y documentaciones obtenidas de los funcionarios, ex funcionarios, legisladores, ex legisladores, y con otros vinculados a Odebrecht, que hasta el momento han sido citados para declarar.
Pese a que el plazo para la prescripción del proceso, 4 años, ha comenzado a correr, Rodríguez dijo que aún están a la espera de las informaciones solicitadas a Brasil y Estados Unidos.
Señaló que se “mantiene contacto fluido para conocer cuanto antes los detalles que habrían confesado ejecutivos de la constructora brasileña sobre sus actividades en la República Dominicana, con especial interés en obtener los nombres de los que figuran como sobornados en esos documentos”.
Reiteró que en este caso, el Ministerio Público busca construir un expediente fuerte, por lo que está siendo lo debidamente cauteloso en las pesquisas y diligencias afines, destacando que las mismas son mayores que las que puede difundir, para así no entorpecer el proceso, según manda la ley.
Entre los citados a declarar ante el órgano investigador están el exgerente general de Odebrecht, Marcelo Hofke y Ángel Rondón, enlace comercial de la empresa en el país, y quien admitió haber recibido los US$92 millones, pero como pago de servicios y no para utilizarlos para sobornar.
También el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Orlando Mazara; el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo Terrero, quienes además suministraron importante documentación preliminar.
De igual modo, el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán.
La lista de funcionarios de pasados gobiernos que han comparecido, incluye a los ex vicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y César Sánchez; los exministros de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y Manuel de Jesús Pérez (Freddy), y a los exdirectores de INAPA, Frank Rodríguez, Alberto Holguín, Roberto Rodríguez y Mariano Germán. También el ex administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Rafael Suero Miliano.
Además los expresidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús Vásquez (Chu), y el expresidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Ozoria.
