SANTO DOMINGO. El sistema judicial no termina positivo el año 2015. Ya en abril había un enfrentamiento entre las altas instancias sobre el castigo a la corrupción. Y para noviembre, se dio a conocer que el procurador, Francisco Domínguez Brito, denunció ante el Consejo del Poder Judicial, que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, manipulaba procesos judiciales y negociaba libertades de vinculados al crimen organizado.
La instancia no era voluminosa; tenía 15 páginas. Incluía en la alegada estructura a los magistrados Awilda Reyes Beltré, José Duvergé Mejía, Delio Germán Figueroa, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.
La jueza Reyes ha acaparado una mayor atención de la prensa, luego de que en el documento se le acusara de que, en base a extorsión, benefició con una orden de libertad al regidor del municipio de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís (Ney), imputado de supuestamente dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos, secuestros y asesinatos.
También, de que dio una garantía económica en un caso de 40.12 kilogramos de cocaína, y ordenó devolver un avión del fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro, y US$20 millones a favor de Prado Universal Corp., propiedad del español Arturo del Tiempo.
Se acusó a la jueza de haber firmado un documento que la inculpaba en la recepción de dinero. Fue interrogada y su casa allanada. A la prensa le aseguró que las pruebas en su contra son falsas, poniendo en entredicho las aseveraciones contrarias dadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Dentro del entramado, Participación Ciudadana denunció que el exprocurador Radhamés Jiménez fue quien supuestamente ordenó a Reyes dejar en libertad al regidor y devolver los US$20 millones.
En su afán de enderezar la situación judicial, el procurador anunció que solicitaría al presidente Danilo Medina la urgente convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura.
Mientras prepara una propuesta sobre su planteamiento, noviembre siguió con más decisiones negativas. A pocos días para terminarse el mes, el Consejo del Poder Judicial dispuso enviar a un juicio disciplinario a un juez de la Instrucción de Constanza, acusado de alegadas faltas graves.
